Nathaly Merchan

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Ley de garantías y contratación estatal

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Con el inicio del periodo electoral en el país, se da inicio a la aplicación de la muy conocida Ley de Garantías (Ley 966 de 2005), norma que regula y establece restricciones para el manejo de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.

La Ley de garantías fue expedida en el año 2005, con el objetivo de promover el ejercicio equitativo y transparente de la democracia, así como también garantizar la igualdad de los candidatos que estén participando en la elección y asegurar la no injerencia de los servidores públicos en la contienda electoral.

Si bien esta norma se encuentra enfocada en la protección y garantía de los derechos y deberes de los participantes en la elección, también contempla un asunto importante para efectos de los procesos de contratación que lleven a cabo las Entidades Estatales.

Al respecto, se destaca el artículo 33, el cual prohíbe la celebración de contratos estatales que sean resultado de la Contratación Directa, durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial.

En otras palabras, durante el periodo electoral las Entidades solo podrán contratar por medio de procesos que estén sujetos a Convocatoria Pública.

La Convocatoria Pública supone un proceso abierto, en el cual, todos los proponentes puedan participar libre y plenamente y dicho proceso se encuentre sujeto a alguna de las modalidades de selección tales como selección abreviada, mínima cuantía o licitación pública.

Vale la pena resaltar que no se encuentran sujetas a esta prohibición las Entidades que se encuentren en los sectores de defensa y seguridad del Estado, atención de emergencias y desastres, reconstrucción de vías e infraestructura y las Entidades sanitarias y hospitalarias a nivel nacional y territorial.

Por otro lado, esta restricción no aplica para prórrogas, modificaciones, cesiones o adiciones de contratos celebrados con anterioridad al inicio del periodo electoral.

Así mismo, en el artículo 38 se contempla la prohibición para los servidores públicos del orden departamental, municipal y distrital de celebrar convenios o contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

A pesar de la existencia de esta restricción, el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 (Ley de Presupuesto 2022) suspende la aplicación de este aparte, como iniciativa del Gobierno Nacional, para promover la reactivación económica en el país.

Estas disposiciones comenzaron a regir a partir del 29 de enero de 2022 y tendrán vigencia hasta la finalización de la segunda vuelta presidencial.

Así, será necesario y se recomienda que aquellas personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación estatal tengan en cuenta:

  1. La Entidad que apertura el proceso de selección, con el fin de identificar si se encuentra sujeta a alguna de las excepciones para el desarrollo de una Contratación Directa y en caso de que no se encuentre dentro de las excepciones previstas, identificar la modalidad de selección.
  2. Verificar el momento de apertura del proceso y celebración del contrato de manera que no se encuentre dentro del periodo establecido para las restricciones.
  3. Atender al llamado de las Entidades cuando se trate de prórrogas, modificaciones, cesiones o adiciones de contratos celebrados con anterioridad al periodo electoral.

El periodo electoral no solo es el momento para que la democracia haga presencia en el país, sino que también promueve el desarrollo y la implementación de multiplicidad de acciones dentro del aparato estatal que garanticen transparencia y equidad, que impacte en todas las esferas de la sociedad, incluso la contratación por parte del Estado de empresas y personas para la satisfacción de necesidades.

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Autor: Nathaly Merchan Morales.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: febrero 16 del 2022.

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Sociedades BIC, bienestar, equidad y protección

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Por medio de la Ley 1901 de 2018 y el Decreto 2046 de 2019, se da paso a la creación y reglamentación de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), cuyos principales propósitos tienen un carácter social y ambiental.

Las sociedades BIC son aquellas sociedades o empresas que además de contar con una naturaleza comercial y desarrollar una actividad económica, propenden por crear valor social y ambiental, por medio de acciones concretas que fortalecen la equidad social y la protección del medio ambiente en todo el país.

Con la implementación de estas nuevas sociedades se pretende generar consciencia en la población de la importancia de las empresas como motor de la sociedad y como herramienta para impulsar el emprendimiento, la paz, el respeto y la garantía de los derechos.

La transformación de las empresas comerciales en sociedades BIC genera un impacto en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad, no solo por generar un valor económico, sino también porque consumidores responsables podrán hacer parte de empresas conscientes, los inversionistas nacionales y extranjeros podrán emplear su capital generando un impacto más allá de lo económico y se fomenta en las comunidades y en los territorios consciencia sobre las realidades sociales y el ejercicio respetuoso de los derechos.

Tomar la decisión de convertir una empresa en una sociedad BIC acarrea beneficios tales como, mejoramiento del valor reputacional de la empresa, atracción de inversión privada, incentivos económicos y tributarios concedidos por el Gobierno Nacional, como líneas de crédito preferenciales, beneficios tributarios a utilidades que se repartan a los trabajadores a través de acciones e incluso acceder a tasas preferenciales para el registro de la propiedad industrial de la empresa.

El enfoque diferencial de estas sociedades gira entorno a cinco dimensiones, modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. Particularmente respecto a cada una de estas dimensiones y sus acciones, vale la pena destacar:

  • Modelo de negocio: Se buscan sociedades que adquieran o contraten servicios de origen local, que implementen prácticas de comercio justo e incluso que otorguen preferencia a los proveedores que implementen normas equitativas y ambientales.
  • Gobierno Corporativo: Las sociedades BIC deben destacarse por contar con diversidad en las juntas, equipos y proveedores que incluyan diferentes culturas, etnias, creencias, géneros. Así como también deben divulgar sus estados financieros a sus trabajadores.
  • Prácticas laborales: Respecto a este asunto, se debe contar con estándares de remuneración razonables y equitativos, así como con multiplicidad de opciones de participación de los trabajadores y flexibilidad en las condiciones laborales.
  • Prácticas ambientales: Se debe realizar continua supervisión y auditoria de las emisiones de gases efecto invernadero y la eficiencia en el uso de los recursos (energía, agua, desechos).
  • Prácticas con la comunidad: En este aparte las sociedades BIC deben contar con mecanismos y opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada y fomentar las actividades de voluntariado.

El trámite a seguir para transformarse en una BIC consiste en los siguientes pasos:

  1. Acreditar que se genera un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
  2. Aprobar la decisión de transformarse en una BIC por la junta de socios o la asamblea de accionistas de la sociedad.
  3. Reformar los estatutos de la compañía, agregando a la razón social la expresión BIC e incluyendo en el objeto social mínimo una actividad de cada una de las dimensiones de estas sociedades.
  4.  Realizar el registro formal ante la Cámara de Comercio respectiva.

Este tipo de sociedades se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y a partir del cumplimiento de los requisitos y el desarrollo del trámite, la sociedad se encuentra obligada a presentar un reporte de gestión de cada una de las dimensiones ante el máximo órgano de la sociedad y este debe permanecer público.

El fomento de este nuevo tipo de sociedades hace parte de la iniciativa del Gobierno Nacional que busca fortalecer el sector empresarial en Colombia, propendiendo por proyectos y empresas con propósito que aporten a la sociedad a través del ejemplo con implementación de prácticas justas y equitativas a nivel social y ambiental.

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Autor: Nathaly Merchan Morales.
Contacto: [email protected] , [email protected]colalegal.com
Fecha de publicación: febrero 07 del 2022.

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Tips práctico en el cobro prejudicial

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El cobro efectivo de cartera en la etapa prejudicial se caracteriza por el requerimiento constante del deudor por todos los medios de comunicación escrito y telefónico que se tienen al alcance; sin embargo, requiere un sinfín de engranajes y procesos al interior de la entidad que adelanta esta gestión- Es por esto que para facilitar el desarrollo de esta actividad de cobro prejudicial presentamos los siguientes tips que pueden facilitar y agilizar la recuperación de cartera.

  1. Conozca el deudor y la cartera. No todas las carteras son iguales, cada una tiene sus propias cualidades, que se derivan del modelo de negocio de cada empresa, de la capacidad de pago del deudor, de la cultura de pago del contexto, los títulos o garantías que respaldan la obligación, del número de deudores y su edad de mora. Por esta razón, es de vital importancia realizar un conocimiento previo de la cartera para diseñar una estrategia de cobro y pronosticar cuál puede ser el éxito de la gestión.
  2. Estrategia de cobro. La construcción de la estrategia consiste en establecer cuál será la propuesta de negociación que con la que se obtendrá con mayor eficacia el recaudo. Es indispensable implantar diferentes opciones de negociación, como lo son: acuerdos de pago, refinanciación de la deuda, descuentos que favorezcan al deudor por pronto pago de la totalidad del saldo adeudado, entre otras. De esta manera se facilita la negociación con el deudor y se motiva la consecución del pago, finalidad última de la gestión de cobro.
  3. Estilo de comunicación. Recomendamos concertar con el cliente y con el equipo que ejecutará el cobro, cual será el estilo y tono de las conversaciones con el deudor. Somos partidarios de siempre usar un lenguaje técnicamente riguroso, serio y sobre todo, respetuoso.
    Quienes recibimos el encargo de asumir estas tareas, debemos ser conscientes que representamos comercialmente a nuestros clientes y el ejercicio del cobro es una faceta que también debe hablar bien de la empresa y ser congruente con su fortalecimiento de marca.
  4. Orden en la ejecución. Finalmente, nuestro cuarto tip responde a un seguimiento ordenado y consistente en todos los casos donde se está adelantando la misión de cobro prejudicial. El seguimiento implica identificar los casos particulares que requieren mayor atención o que presentan alguna dificultad y para los mismos establecer rutas de acción singulares que concluyan en el pago de la obligación. Alcanzado un acuerdo de pago es necesario continuar con el seguimiento en el cumplimiento de los compromisos. Este punto tiene una consideración especial, ya que si se realiza una vigilancia estricta durante el periodo de tiempo que se adelante la gestión de cobro prejudicial se garantiza una mayor recuperación de cartera.
    Sabemos que la actual coyuntura sanitaria llevará a una contracción económica de la cual confiamos salir pronto juntos. En el entretanto, el efecto inmediato lo experimentarán las carteras que pueden deteriorarse y aumentarse. De ahí que la anticipación puede aliviar los efectos adversos que se avecinan. Será momento entonces de fortalecer las áreas de cobro y elegir acertadamente a sus proveedores de cobro oportunamente antes de que los tiempos de mora se extiendan y hagan poco viable una recuperación efectiva del recaudo.

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Autor: Nathaly Merchan.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Junio 23 del 2020.

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