María Camila Pereira

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¿Cómo funciona el instrumento de agregación de demanda emergencia covid-19 en la tienda virtual del estado colombiano?

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Con ocasión a la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional se ha visto en la obligación de adoptar medidas en materia de contratación estatal, con el objetivo de garantizar inmediatez, transparencia, lucha anticorrupción y control ciudadano en la compra pública.

De allí que, el artículo 5 del Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19”, contenido actualmente en el Decreto Legislativo 537 del 12 de abril de 2020, determinó que durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud, todas las entidades estatales que pretendan adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes, deberán preferir la compra de estos, en los catálogos derivados de los acuerdos marco de precios vigentes y dispuestos en la Tienda Virtual Estado Colombiano regulada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, de manera adicional se ordenó a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el diseño y organización del proceso de contratación para los acuerdos marco de precios por contratación directa, durante el término de duración del estado de emergencia sanitaria, con el fin de facilitar el abastecimiento de bienes y servicios relacionados directamente con la labor de mitigación y control del COVID-19.

En este contexto, se habilitó a la Agencia Nacional de Contratación Pública a configurar catálogos de emergencia, conformados por proveedores preexistentes inscritos en la Tienda Virtual del Estado y, por nuevos proveedores, previa verificación los requisitos habilitantes para garantizar la concurrencia con calidad.

¿Cómo se estructuró el instrumento?

El 25 de marzo de 2020, la Agencia Nacional de Contratación Pública realizo una convocatoria a nivel nacional, buscando la participación del empresariado en la construcción de este propósito, buscando consolidar una herramienta para que las entidades públicas pudieran adquirir los bienes y servicios requeridos para afrontar la emergencia en condiciones de seguridad, transparencia y economía En respuesta, se recibieron más de 1.000 solicitudes de todo el país, ofreciendo elementos de aseo, de protección personal, equipos médicos y todo tipo de bienes hospitalarios y y tecnológicos para atender la emergencia sanitaria. Todas estas cotizaciones fueron evaluadas y con esta información se conformó el instrumento de agregación de demanda COVID-19, el cual se puso a disposición de las entidades estatales a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, por medio de los siguientes catálogos:

  1. Elementos de aseo,
  2. Elementos de protección personal,
  3. Dispositivos médicos y equipos biomédicos,
  4. Elementos de expansión hospitalaria y
  5. Dispositivos tecnológicos y aplicaciones
  6. Servicio de desinfección,
  7. Ayudas humanitarias (catalogo en el que las entidades dejaron de adquirir alimentos con sobrecostos a obtener estos bienes con los más importantes supermercados del país con ahorros considerables de los recursos públicos.

Como aplicar para ser proveedor del instrumento?

Si su empresa cuenta con interés en hacer parte de la Tienda Virtual del Estado Colombiano como proveedor de los bienes que requiere el Estado para atender la emergencia sanitaria, deberá surtir lo siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página de Colombia Compra Eficiente y verificar el Check List de documetos previos, necesarios para la inscripción.
  2. Verificar los catálogos propuestos por la Agencia Nacional de Contratación (se encuentran en la página web de la Agencia), para identificar los bienes incluidos dentro de cada uno de los catálogos del Instrumento.
  3. Identificación los bienes que produzca o comercialice el proveedor para elegir un catálogo.
  4. Colombia Compra Eficiente solicita al proveedor que presente su documentación solo si cumple con la capacidad de venta y de entrega inmediata a las Entidades Estatales de los bienes allí indicados.
  5. En caso de ser requerido, el proveedor deberá allegar dicho catálogo o catálogos a los cuales desee presentar oferta con los siguientes documentos al correo electrónico [email protected]
  6. Colombia Compra Eficiente, verificará los documentos enviados y efectuará un análisis de precios con lo cual tomará la decisión de activar o no al proveedor en el determinado catálogo del Instrumento y notificará al proveedor por correo electrónico la decisión tomada.

Si ya estoy inscrito ¿Cómo realizar actualización de precios y de Stock?

El instrumento permite su constante actualización en función de las necesidades del estado y del comportamiento del mercado en los bienes y servicios relacionados con el COVID-19, incluso puede complementarse y desarrollarse incorporando más catálogos durante su vigencia.

El Proveedor podrá solicitar la actualización de precios y stock de su catálogo EL PRIMER DIA HABIL de cada semana antes del mediodía (12:00m) a través del correo electrónico [email protected]. Las Solicitudes de actualización que sean recibidas con posterioridad a la hora mencionada anteriormente, serán rechazadas.

Vigencia: Estos catálogos estarán vigentes hasta el día en que culmine el de emergencia sanitaria y en las órdenes de compra que se suscriban con ocasión a este instrumento se deberán entender incorporadas las cláusulas excepcionales.

En conclusión, este es el acuerdo marco con mas proveedores en la historia de la contratación estatal en Colombia, pues busca regular aspectos clave como la especulación de precios, la escases de productos, el acaparamiento de bienes, el pánico económico e incluso la inseguridad jurídica, guardando coherencia con las determinaciones adoptadas por el Ministerio de Salud y el INVIMA en materia de condiciones para fabricación y comercialización de los elementos respectivos. Sin duda esta estrategia constituye un gran referente internacional en la determinación de precios de referencia justos y alineados con los principios para la ejecución de recursos públicos.

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Autor: María Camila Pereira E.
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Fecha de publicación: Septiembre 29 del 2020.

Imagen ¿Qué asuntos no son conciliables en materia contenciosa administrativa?

¿Qué asuntos no son conciliables en materia contenciosa administrativa?

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Como es bien sabido, los conflictos son parte de la naturaleza del ser humano, por esta razón, desde el punto de vista jurídico cuando a una persona se le vulnera un derecho, ésta cuenta con una amplia gama de posibilidades de actuar según los hechos acontecidos.

Por consiguiente, en el ordenamiento jurídico colombiano se establecieron diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos, con el objetivo de evitar el inicio de procesos judiciales que implican un largo desarrollo en el tiempo, además de altos costos y que, pueden solucionarse rápidamente por medio de la conciliación, a la cual se llega con la ayuda de un tercero neutral y calificado que propicie un acuerdo entre las partes para poner fin al litigio de manera anticipada.

En materia contencioso-administrativa, dicha práctica de administración de justicia ha generado un gran avance en materia de descongestión judicial, pues ahora no todos los conflictos que involucran al Estado terminan en un proceso judicial, sino que, también es posible llegar a un acuerdo anticipado para solucionar el conflicto antes de acceder a la jurisdicción.

Para los conflictos entre los particulares y el Estado, por regla general existen dos oportunidades en donde las partes deben considerar la opción de conciliar o no las pretensiones en asunto.

En un primer momento, se deberá adelantar audiencia de conciliación ante un agente del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) como requisito de procedibilidad, antes de presentar una demanda.

Es decir, toda persona natural o jurídica que considere se le ha causado un daño antijurídico con la ocurrencia de un hecho, una omisión o una operación administrativa o con la celebración de un contrato estatal debe intentar de manera obligatoria, la celebración de un acuerdo conciliatorio sobre las controversias existentes con las entidades u organismos de derecho público, antes de presentar la respectiva demanda encaminada a obtener la pretensión económica.

Y, un segundo momento, dentro de la audiencia inicial en desarrollo del proceso judicial en caso de que la conciliación prejudicial hubiere sido declarada como fallida.

De conformidad con el Decreto Compilatorio 1069 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se compilaron las normas que en cuanto a los asuntos de lo contencioso administrativo aplican para la conciliación extrajudicial, señalando que:

Son asuntos susceptibles de conciliación total o parcial extrajudicial en materia contencioso-administrativa los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Reparación Directa y Controversias Contractuales.

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8° de la Ley 640 de 2001, no son susceptibles de conciliación los derechos ciertos e indiscutibles, así como los mínimos e intransigibles.

Además, no son susceptibles de conciliación extrajudicial en lo Contencioso administrativo los asuntos que:

• Versen sobre conflictos de carácter tributario.

Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia 13001233100020100047801(19399) del 01 de agosto de 2016, reiteró que por prohibición expresa del parágrafo 2 del artículo 70 de la Ley 446 de 1998, los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario no son conciliables, de manera que, en este tipo de controversias la parte demandante no está en la obligación de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, cuando se presente una solicitud de conciliación prejudicial en materia tributaria, el Procurador respectivo no podrá admitirla y estará en la obligación de expedir la constancia de “Asunto no conciliable” dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.

• Deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo contractual de que trata el artículo 75 de la ley 80 de 1993.

Toda vez que, ante el incumplimiento de la obligación por parte de la Entidad deudora, el acreedor puede optar por el cobro pre jurídico o demandar ejecutivamente el pago de esta, este último evento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 422 del Código General de Proceso, que dispone que Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él.

De manera que, para este caso por considerarse al Contrato como un título ejecutivo, pues contiene una obligación clara, expresa y exigible, no es necesario agotar la conciliación prejudicial para acceder a la Administración de justicia.

• En los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Debido a que, una vez opere el fenómeno de caducidad se extingue el derecho a la acción por cualquier causa (como el transcurso del tiempo), no podrán conciliarse los asuntos cuya acción a utilizar se encuentre caduca, pues, se entiende que el actor dejo transcurrir los plazos fijados por la ley para tal efecto, sin presentar la demanda o realizar las actuaciones necesarias para interponerla y defender su derecho, por lo que, el mencionado derecho sucumbe en el tiempo, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlo.

En conclusión, dada la importancia y utilidad de la conciliación en el ordenamiento jurídico, en materia contencioso-administrativa, el legislador confirió una función especial al Ministerio Público de intervenir en representación de los intereses de la sociedad y los recursos públicos.

Por lo que resulta lógica su intervención en el proceso de conciliación y resalta la importancia y el objetivo principal de esta figura, lo cual es lograr (en la medida de lo posible y de acuerdo a los lineamientos de Ley) solucionar conflictos de manera anticipada.

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Autor: María Camila Pereira E.
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Fecha de publicación: Septiembre 17 del 2020.

Imagen Contratación pública en tiempos de covid-19

Contratación Pública en tiempos de Covid-19

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Obras de infraestructura en el marco del confinamiento.

Decreto 457 de 2020

  • El Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir del día 25 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020.
  • Dentro de las medidas para que se garantice el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia que dentro del aislamiento, se permitió el derecho de circulación de algunas personas/sectores
    de la comunidad.

Expedición del decreto 531 del 11 de abril del 2020.

  • El Gobierno Nacional extendió el periodo de aislamiento preventivo obligatorio desde el 13 de abril hasta el 27 de abril de 2020.
  • Esta norma autoriza el desarrollo de nuevas actividades económicas en el marco del aislamiento.
  • Como la ejecución de “obras de infraestructura de transporte y obra pública”, siempre y cuando las personas que desarrollen este tipo de actividades cumplan con los protocolos de bioseguridad.
  • El principal objetivo de esta nueva excepción evitar futuros retrasos en los cronogramas de entrega de las obras.

Las medidas y protocolos de bioseguridad en el trabajo que deben implementar los contratistas a cargo de estas obras.

  • Los empleadores deben garantizar la higiene personal de sus trabajadores para que puedan lavar sus manos de manera constante y además disponer de implementos de aseo como geles desinfectantes, alcohol, lavamanos y productos limpieza.
  • Evitar aglomeraciones innecesarias, así como el contacto personal en desarrollo de la obra. Entre cada trabajador debe haber un espacio mínimo de dos metros. Únicamente vuelven al sitio de trabajo aquellos que no pueden ejecutarlo desde su casa.
  • Las empresas debe programar turnos de trabajo de manera que pocas personas confluyan al mismo tiempo en el lugar de prestación del servicio.
  • Las empresas deben contar con protocolos de reacción inmediata en caso de que se presenten emergencias, como camillas, implementos de primeros auxilios y puntos de atención básica.
  • La empresa tiene que poner a disposición de los trabajadores elementos que eviten la propagación o el contagio de esta enfermedad, tales como un tapabocas, uniformes de trabajo, guantes, caretas y demás utensilios de protección personal.
  • -Los empleadores deberán fomentar y divulgar la cultura de la prevención al interior del centro de trabajo, por medio de acciones que incentiven los buenos hábitos de higiene personal dentro del sitio de trabajo y en sus hogares.
  • Las empresas deben adoptar hábitos de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, tales como baños, casilleros, salas de reuniones, oficinas, cocinas, comedores y demás áreas de esparcimiento.
  • Además, deberán verificar cada mañana la temperatura corporal y hacer chequeos simples tendientes a encontrar posibles patologías.

Contratación púbica en tiempos de COVID-19

FUNDAMENTO JURIDICO: MEDIDA ADOPTADA:
1. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, otorga la posibilidad de acudir al procedimiento de contratación directa para que los sectores de la salud, prosperidad social, educación, defensa y todos aquéllos que requieran prestar atención a la población afectada, puedan prevenir, conte y mitigar los efectos de la pandemia.
2. Comunicado del 17 de marzo de 2020 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE recuerda a las Entidades estatales:
– La posibilidad de utilizar la contratación directa a través de la urgencia manifiesta, cuando sea necesario garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, que por situación de fuerza mayor se vio afectado.
– Posibilidad de contratar de forma directa (gobierno a gobierno) ayudas internaciones por medio de organismos de cooperación y asistencia, siempre y cuando se constate que el contratista en una Entidad pública.
3. Decreto No. 434 del 19 de marzo de 2020 EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO amplió el plazo máximo de renovación para el Registro Único de Proponentes-RUP- (normalmente es hasta el 5 día hábil de abril de cada año), otorgando un plazo máximo especial, hasta el quinto día hábil del mes de julio de2020.
4. Circular 06 del 19 de marzo de 2020 Al respecto, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA recordó:
– A los ordenadores del gasto de las entidades de los niveles nacional y territorial, las exigencias legales para la celebración de contratos estatales de forma directa bajo la figura de urgencia manifiesta y requirió reportes diarios respecto a los actos administrativos, contratos y demás actuación esa ejecutar relacionadas con la atención, mitigación y control de la pandemia covid-19.
5. Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 -Presidencia de la República La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA adoptó las siguientes medidas transitorias:
– Las audiencias públicas en los procedimientos de selección podrán realizarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a cualquier ciudadano interesado en participar.
– En los procesos de selección que se encuentren en trámite, no es necesario modificar el pliego de condiciones para la celebración virtual de la audiencia. Sin embargo, mínimo dos días hábiles antes, la entidad deberá informarla metodología y condiciones para el desarrollo de la diligencia.
– Las audiencias programadas en el marco de cualquier Proceso Administrativo Sancionatorio se podrán realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía.
– Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto podrá decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia del Decreto.
– Las Entidades Estatales, podrán suspender los procedimientos de selección y, de manera motivada, revocar los actos administrativos de apertura, siempre y cuando no se haya superado la fecha para la presentación de ofertas. Contra estos actos administrativos no proceden recursos
– Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, las entidades territoriales deberán preferirla compra por catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.
– La Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, deberá diseñar y organizar el proceso de contratación para los acuerdos marco de precios por contratación directa.
– Para la adquisición de bienes relacionados con la emergencia, las entidades podrán adquirirlos mediante el Instrumento de agregación de demanda de grandes superficies.
– Se entiende comprobado el hecho que da lugar a declararla urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes y servicios, así como para realizar las labores que optimicen el flujo de los recursos al interior del sistema de salud.
– Las entidades excluidas del Estatuto General de contratación podrán contratar de manera directa bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia.
– Todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes o servicios que permitan una mejor gestión de la situación de emergencia, podrán adicionarse sin limitación al valor.
– Las entidades estatales deberán implementar mecanismos electrónicos para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas.
– Se autoriza al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para celebrar convenios interadministrativos internos y contratos que tengan como propósito adquirir de las entidades (públicas o privadas) extranjeras, bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia y sus efectos, sin aplicar la Ley 80 de 1993.
6. Decreto 491 del 2020 del 28 de marzo de 2020 – Presidencia de la República – Los docentes y contratos de prestación de servicios en el Estado deberán desempeñar sus actividades en casa.
– Los concursos de empleo público se suspenderán mientras se atiende la emergencia sanitaria originada por la pandemia del coronavirus.
– La atención al ciudadano se deberá realizar únicamente por canales digitales y  se podrán suspender servicios y términos de actos administrativos.
– La notificación o comunicación de los actos administrativos se realizará por medios electrónicos.
7. Decreto 499 del 31 de marzo de 2020 -Presidencia de la República Los contratos que tengan por objeto la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos relacionados con la atención a la emergencia sanitaria y los elementos de protección personal requeridos en la gestión sanitaria, no se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y  en consecuencia le serán aplicables las normas de derecho privado.
8. Decreto 537 del 12 de abril de 2020 -Presidencia de la República Mantiene las medidas adoptadas por el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras dure el estado de emergencia sanitaria, por tornarse necesarias para garantizar las finalidades de la contratación pública.

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Autor: María Camila Pereira.
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Fecha de publicación: Mayo 12 del 2020.

Imagen Contratación pública hecha sencilla

Contratación pública hecha sencilla

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Modalidades de selección en la contratación pública:

LICITACIÓN PÚBLICA

La regla genera Se da cuando una Entidad Publica convoca de forma abierta y publica la invitación a participar. Pondera criterios técnicos (de calidad) y de precio (económicos).

CONTRATACIÓN DIRECTA

Casos particulares No requiere proceso de selección por convocatoria pública. Procede, por ejemplo, cuando solo un oferente en el mercado pueda suplir la necesidad de la Entidad y para la prestación de
servicios profesionales que solo puedan encomendarse a determinadas personas.

MÍNIMA CUANTÍA

convocatoria pública sencilla se da cuando el valor del bien o servicio a contratar no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad contratante, cualquiera sea el objeto de la contratación.

SELECCIÓN ABREVIADA:

Licitación especial para casos particulares Por ejemplo, cuando los bienes y servicios a contratar son de  características uniformes o cuando se declare desierto un proceso de licitación pública.

CONCURSO DE MÉRITOS:

Convocatoria pública Para contratar servicios de creación intelectual, como consultorías, estudios y
diseños. Pondera criterios de experiencia y calidad.

TIPS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y GANAR:

PLANEACIÓN.

IDENTI F IQUE:

¿Qué tiene para ofrecer y en qué condiciones puede venderlo?

¿Qué necesidades tiene el estado de proveerse de esos bienes y servicios?

Consulte el Secop donde está el plan anual de adquisiciones de las diferentes entidades del Estado.

HAGA SEGUIMIENTO:

A la apertura del proceso para que conozca con anticipación el proyecto de pliego que usted puede comentar oportunamente, solicitar cambios y presentar observaciones.

CONSTRUYA Y PRESENTES U OFERTA.

  • Tenga claro el plazo para presentar su oferta.
  • Reúna la documentación jurídica, técnica y económica.
  • Confirme que no le falte nada y suba la propuesta al Secop.

APROVECHE LAS OPORTUNIDADES QUE LA LEY LE OTORGA

ASISTA A LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS, ESTÉ ATENTO A LAS SOLICITUD ES DE ACLARACIÓN QUE PUEDA HACERLE LA ENTIDAD, LEA, ESTUDIE Y COMENTE EL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN.

RECUERDE QUE PUEDE SUBSANAR LA OFERTA, PERO NO MEJORARLA, ES DECIR, SOLO POD RÁ SUBSANAR REQUISITOS QUE NO GENEREN PUNTAJE DENTRO DEL PROCESO.

PARTICIPE EN LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DONDE PODRÁ COMENTAR EL INFORME FINAL DE ADJUDICACIÓN.

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Autor: Maria Camila Pereira , Iván Carvajal .
Contacto: [email protected] , [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Febrero 27 del 2020.

Imagen La contratación estatal como estrategia comercial para su empresa

La contratación estatal como estrategia comercial para su empresa

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En la actualidad, la contratación estatal debe ser vista como un mecanismo que va más allá de la construcción de obras públicas, tales como carreteras o puentes. Los procesos contractuales abarcan otros escenarios de conformidad con las múltiples necesidades del Estado para satisfacer el servicio público y en el interés general. Por esta razón, la participación del sector privado en la contratación pública debe tomarse como una oportunidad de crecimiento para su empresa, como una estrategia comercial básica de su negocio.

De acuerdo con el portafolio de bienes y servicios que su empresa tenga por ofrecer a la Administración, podrá definir el camino de su participación en los procesos de contratación.

Una vez se tenga claro el sector comercial en el que se encuentra, deberá estructurar una propuesta acorde a las necesidades que el Estado pretende satisfacer, procurando ser muy organizado y apegado a los requerimientos solicitados. Con ello garantizara el aumento del porcentaje de éxito de adjudicación en la participación, en consecuencia obtendrá un modelo de negocio muy estable que permitirá y facilitará la expansión de su negocio.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la contratación con el Estado, resulta importante entender su origen y finalidad para contar con una panorámica más abierta del porque esta figura, puede ser de gran ayuda para el crecimiento económico de su compañía.

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se determinó la necesidad de forjar un trabajo solidario y mancomunado entre las entidades estatales y el sector privado, con el objetivo de satisfacer de la mejor manera las necesidades de la población colombiana, pues la prestación del servicio público únicamente en cabeza del Estado se estaba viendo afectada, dada la magnitud de obligaciones y servicios que este debía atender.

De ahí, la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación) desarrolló el concepto de contrato estatal como un medio o instrumento con el que cuenta la Administración para la consecución de sus fines, los cuales se encuentran consagrados en el preámbulo y el artículo 2° de la Constitución. En efecto, dichos fines se integran a la concepción clásica del servicio público, ya que siempre deberán buscar la prestación de un servicio de carácter general y donde prime el interés colectivo. Es por esta razón, que se considera al interés general como un elemento obligatorio al momento de celebrar un contrato con el estado.

El ordenamiento jurídico, en aras de garantizar el efectivo y correcto funcionamiento del proceso contractual determinó que todos procesos contractuales deberán desarrollarse en un ámbito reglado y en cumplimiento de unos principios básicos a la contratación, como lo son: el principio de transparencia, de economía, de selección objetiva, de buena fe, de publicidad, de igualdad, de libre concurrencia y de planeación.

demás, la norma definió las etapas que se deberán surtir dentro de un proceso de contratación con el Estado, estableciendo 3 fases a saber: (I) Fase precontractual: comprende desde el ejercicio de planeación, elaboración de estudios previos, convocatoria y selección del contratista hasta el acto de adjudicación; (II) Fase contractual: comprende desde el perfeccionamiento del contrato, su legalización, ejecución y terminación de la obligación y; (III) Fase poscontractual: que comprende la liquidación del contrato, ya sea bilateral, unilateral o la acción judicial.

Es claro entonces que, la contratación pública se encuentra establecida de inicio a fin en un ámbito reglado que no deja espacio a la discrecionalidad de las partes en ella intervinientes.

Esta situación, desencadena una serie de grandes oportunidades comerciales para el sector privado, pues a través de esta es posible ampliar la visibilidad de su empresa en el mercado, darse a conocer en el sector, vender más y pertenecer a una compañía más robusta y sólida financiera y técnicamente hablando.

Por otro lado, garantiza al contratista la celebración de un contrato con el lleno de formalidades, amparado en garantías de cumplimiento y con requerimientos sin los cuales no se posible su ejecución; como por ejemplo el hecho de que la Entidad pública no puede suscribir ningún contrato hasta tanto no cuente con el debido respaldo y disponibilidad presupuestal para pagarle al contratista, situación que constituye un plus muy importante pues de entrada el contratista tiene seguridad que la Entidad cuenta con el dinero para responder en contraprestación al bien o servicio entregado.

Como muestra de lo anterior, la relatoría del Tribunal Administrativo del Cauca ha señalado que con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se gestó un proceso de transformación en la contratación pública en Colombia, reconociendo la circunstancia de que el Estado es uno de los principales usuarios del mercado con un porcentaje de consumo del 16% del PIB.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de la Administración en desarrollo de procesos contractuales, también se generan beneficios para el sector privado (contratista), ya que en el evento en que la Administración no de cabal cumplimiento a sus obligaciones, el contratista podrá acceder a la jurisdicción contenciosa a través del medio de control de controversias contractuales establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código Contencioso Administrativo) para solicitar que se declare la existencia o la nulidad de un contrato, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se liquide del contrato cuando no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente.

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Autor: María Camila Pereira.
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Fecha de publicación: Septiembre 17 del 2019.

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