Laura Cadena

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Rechazar recursos judiciales que sean recibidos minutos después del cierre del horario de los juzgados genera defecto procedimental

Scola Abogados comparte con ustedes un artículo sobre Rechazar recursos judiciales que sean recibidos minutos después del cierre del horario de los juzgados genera defecto procedimental.

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Terminación unilateral de contratos de arrendamiento de local comercial

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Uno de los sectores más afectados con la emergencia sanitaria desatada por el Coronavirus ha sido el comercio, pues las diferentes restricciones impartidas por el Gobierno para mitigar su impacto han conllevado, necesariamente, a limitar la explotación económica de la gran mayoría de comerciantes, quienes por esa razón no han podido seguir haciendo uso de los inmuebles tomados en arriendo para ejercer su actividad comercial.

Pues bien, en consideración a esta realidad y con el propósito de generar un alivio financiero a los arrendatarios de locales comerciales que llevan más de dos meses sin percibir ingresos o percibiéndolos en un muy bajo porcentaje, y que permanecerán cerrados hasta después del 1° de junio de 2020, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, profirió, el pasado 4 de junio, el Decreto 797 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas extraordinarias y transitorias para que los arrendatarios de estos locales puedan declarar unilateral y anticipadamente la terminación de sus contratos de arrendamiento.

En virtud de lo dispuesto en el referido Decreto, los arrendatarios de los siguientes locales comerciales que, a partir del 1° de junio de 2020 continúen en imposibilidad de ejercer su actividad económica por las instrucciones de orden público, podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento desde la vigencia del Decreto y hasta el 31 de agosto de 2020:

  • Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego y video.
  • Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.
  • Cines y teatros.
  • Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.
  • Alojamiento y servicios de comida.
  • Eventos de carácter público y privado que impliquen aglomeración de personas.

Como consecuencia directa de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, el arrendatario estará obligado a pagar al arrendador el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que haya lugar al pago de cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización por la terminación unilateral y anticipada, aun cuando el contrato disponga lo contrario.

En caso de que las partes no hayan convenido cláusula penal, el arrendatario deberá pagar el valor correspondiente a un canon de arrendamiento vigente a la fecha de terminación a terminación unilateral y anticipada del contrato procederá siempre y cuando el arrendatario esté al día en el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato.

Esta medida adoptada de manera transitoria permitirá recomponer el equilibrio económico de los contratos, evitando que la posición de una de las partes se agrave en mayor medida, así como evitar una aglomeración de acciones judiciales por parte de los arrendatarios que busquen la terminación del contrato una vez se reactive el sector judicial.

Finalmente, es importante destacar que este beneficio no aplica para los contratos de arrendamiento financiero – leasing.

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Autor: Laura Cadena.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Junio 11 del 2020.

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Medidas transitorias de contratos de arrendamiento con ocasión al COVID-19

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Dada la expedición de los Decretos proferidos por el Gobierno colombiano en los que se ordenó el aislamiento obligatorio de los habitantes del territorio nacional como medida preventiva para frenar la propagación del virus Covid-19, han sobrevenido otras tantas normatividades de carácter temporal que tienen el propósito de mitigar los impactos negativos que generan estas medidas restrictivas, como lo son las dificultades derivadas de las relaciones contractuales como, por ejemplo, los contratos de arrendamiento.

Para ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, profirió el Decreto 579 del 15 de abril de 2020, con el que se busca crear nuevas disposiciones de índole legal relativas a la suspensión de acciones de desalojo de los arrendatarios por orden de autoridades judiciales o administrativas, así como medidas sobre el pago y reajuste de los cánones, y prórroga e inicio de los contratos.

Previo a mencionar en detalle las medidas adoptadas de manera transitoria, es importante señalar que este Decreto aplica no solamente a los arrendamientos con destino habitacional, sino también a aquellos con destino comercial, en los cuales el arrendatario sea una persona natural o una micro, pequeña o mediana empresa, según la calificación prevista en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 de 2019. De igual manera, cobija a los contratos de arrendamiento en los cuales el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de lucro inscrita en el registro del Ministerio del Interior.

Sin embargo, se excluyen de la aplicación de este Decreto los contratos de leasing habitacional y los contratos de arrendamiento financiero (leasing).

En ese orden de ideas, los beneficios previstos de manera transitoria en favor de dichos arrendatarios son los siguientes:

1. Suspensión de acciones de desalojo: Durante el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto 579 y el treinta (30) de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos aquellos casos en los que el plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se haya pactado por períodos diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes.

2. Congelamiento del valor de los cánones de arrendamiento: Se congela el precio de los arrendamientos, de manera que se aplaza el reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos durante el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto en mención y el treinta (30) de junio de 2020, bien porque se hubiere acordado por las partes, o por virtud del artículo 20 de la Ley 820 de 2003.

Concluido el aplazamiento establecido, el arrendatario pagará las mensualidades con el reajuste anual correspondiente en los cánones que hagan falta para terminar el período contractual acordado, incluyendo en esas mensualidades, el valor porcentual de los incrementos no cobrados durante el periodo comprendido a partir de la vigencia del Decreto y el treinta (30) de junio de 2020.

3. Estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento: Las partes deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del Decreto y el treinta (30) de junio de 2020. En dichos acuerdos no podrán incluirse intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes.

De no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagará la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado en el inciso anterior, bajo las siguientes condiciones:

a. El arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes, en relación con los cánones correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del Decreto y el treinta (30) de junio de 2020.

b. El arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC), en la modalidad de consumo y ordinario, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos no pagados en tiempo, durante el período correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020.

4. Prórroga de contratos: Los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega del inmueble al arrendador se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso de duración de la declaratoria de la emergencia, se entenderán prorrogados hasta el treinta (30) de junio de 2020, continuando vigente la obligación de pago del canon. Lo anterior sin perjuicio de acuerdos en contrario celebrados entre las partes.

5. Inicio de los contratos de arrendamiento: Los contratos de arrendamiento en los que se haya pactado la entrega del inmueble al arrendatario dentro del lapso de duración de la declaratoria de emergencia, quedarán suspendidos hasta el treinta (30) de junio de 2020, fecha en la cual, a falta de acuerdo entre las partes se harán exigibles las obligaciones derivadas del contrato. Lo anterior sin perjuicio de acuerdos en contrario celebrados entre las partes.

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Autor: Laura Cadena.
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Fecha de publicación: Abril 20 del 2020.

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Alivios financieros adoptados con ocasión al Covid-19

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El COVID-19 representa un desafío de enormes proporciones para todo el país, razón por la cual, el sector financiero se está anticipando con diversas medidas para hacerle frente. De ahí que la Superintendencia Financiera haya emitido instrucciones prudenciales previendo el impago de obligaciones con entidades financieras (Circular 007 del 17 de marzo de 2020) e instrucciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional (Circular 008 del 17 de marzo de 2020).

Estas instrucciones deben ser acatadas por las entidades financieras para que sean ellas quienes trasmitan los alivios que, desde la Superfinanciera, se instruyen a los usuarios del sistema.

Encuentre aquí los aspectos más relevantes que le permitirán a su empresa conocer sus derechos y buscar alternativas para aliviar las dificultades de flujo de caja, así como las medidas que ya han sido adoptadas por algunas entidades bancarias.

1. CIRCULAR EXTERNA 007 de 2020:

a. Las entidades financieras tienen la obligación de crear políticas y procedimientos para identificar los clientes que serán objeto de los alivios, dando énfasis a aquellos segmentos o sectores determinados como de especial atención por el Gobierno Nacional (Cláusula primera).

b. Estas políticas deben prever lo siguiente:

  • Períodos de gracia para para créditos que al 29 de febrero no tuvieren una mora superior a 30 días (incluidos modificados o reestructurados). Durante el período de gracia podrán cobrarse intereses. Cumplido dicho plazo, cada entidad financiera evaluará la nueva realidad económica del deudor para adoptar una decisión frente a las condiciones de la obligación. Para ellos deberá aplicarse las instrucciones de la Circular Externa 026 de 2017 y sus modificaciones.
  • No se modificará la calificación del crédito en centrales de riesgo que se tenía al 29 de febrero del año 2020.
  • En créditos rotativos y tarjetas de crédito que apliquen al beneficio, las entidades financieras en principio no podrán establecer restricciones a la disponibilidad de cupos, salvo por consideraciones de riesgo que determinen las entidades.

c. Por un periodo de 120 días calendario, los créditos que para el 29 de febrero del 2020 estuvieren en condición de modificados o reestructuras y que incurran en mora, si podrán ser objeto de actualización en la calificación del crédito (Cláusula tercera).

d. A continuación, transcribimos los ejemplos de medidas que pueden toma las entidades financieras (Cláusula cuarta):

“1) Para la cartera comercial y de consumo:

i) Podrán entrar en fase desacumulativa del componente individual contracíclico. El saldo de la provisión contracíclica podrá sufragar el 100% del gasto en provisiones neto de recuperaciones que se genere durante el periodo de 120 días calendario.

ii) El componente individual procíclico se calculará con base en la matriz A.

iii) No constituirán el componente individual contracíclico sobre la cartera que se origine a partir de la fecha de la publicación de esta instrucción.

Una vez finalicen los 120 días, la Superintendencia establecerá el mecanismo de reconstitución gradual que permita reestablecer dicho componente”.

“2) Para la cartera de vivienda y de microcrédito:

i) Usar el saldo de la provisión general para sufragar el gasto en provisiones neto de recuperaciones durante el periodo de 120 días calendario.

ii) No constituir provisión general sobre la cartera, a partir de la fecha de la publicación de esta instrucción y durante los siguientes 120 días calendario.

Una vez finalicen los 120 días, la Superintendencia establecerá el mecanismo de reconstitución gradual que permita reestablecer provisión general”.

“3) Si durante el plazo de los 120 días calendario se activan los requisitos de constitución de la provisión individual adicional derivada de las instrucciones de la Circular Externa 026 de 2012, dicha provisión no deberá constituirse”.

2. CIRCULAR EXTERNA 008 de 2020:

En esta Circular Externa, la Superintendencia Financiera emite, entre otras, las siguientes recomendaciones:

a. Promover el uso de canales digitales para la prestación del servicio y las entidades deberán informar al público sobre los canales disponibles garantizando su continuidad.

b. La obligación por parte de las entidades vigiladas de adoptar las medidas necesarias para reducir el tiempo de permanencia de los consumidores financieros cuando requieran acercarse a los diferentes puntos de atención. Así mismo, deberán establecer mecanismos para evitar aglomeraciones en los puntos de atención al cliente.

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR ALGUNAS ENTIDADES FINANCIERAS:

La mayoría de las entidades financieras han contemplado ajustes a las condiciones de los créditos actuales, incluyendo cambios a los términos inicialmente pactados en una obligación en amortización y plazo. Además, han acatado las instrucciones de la Superfinanciera otorgando periodos de gracia, prórrogas de pagos y cambio en el día de pago.

a. Bancos del Grupo AVAL:

Los clientes de los bancos controlados por el Grupo Aval, es decir, Banco de Bogotá, Banco Popular, AV Villas y Banco de Occidente, tendrán la posibilidad, por ejemplo, de acogerse a un periodo de gracia de dos (2) meses, prorrogable por otros dos, en el que no pagarán el capital de sus créditos. Para clientes con inconvenientes de pago se ha dispuesto un canal de renegociación de condiciones.

b. Bancolombia:

Esta entidad anunció una línea especial con 600.000 millones de pesos dirigida a las pymes, empresas y clientes corporativos.

Dichas empresas podrán ajustar las condiciones de sus créditos actuales, incluyendo cambios a los términos pactados en amortización y plazo, además de otorgar periodos de gracia, realizar prórrogas de pagos, cambio en el día de pago, entre otros, con el propósito de adecuar la obligación financiera a las necesidades de los clientes.

c. Scotiabank Colpatria:

El banco evaluará la reprogramación de deudas para sus clientes. Para acceder a este beneficio, los clientes deben contactarse con la entidad bancaria a través de cualquiera de los canales de atención habilitados.

Para la cartera comercial se revisarán opciones de apoyo a la estructura de capital de la empresa y alivio financiero, tales como: periodos de gracia de pago de capital, reperfilamientos a largo plazo, alternativas y fuentes de fondeo con condiciones favorables, entre otros.

d. Davivienda:

La entidad anunció que ofrecerá periodos de gracia y la posibilidad de realizar cambios en las condiciones de sus créditos a los clientes empresariales y personas naturales afectados en su capacidad de pago por la coyuntura del COVID-19.


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CIRCULAR EXTERNA 007 DE 2020 ( Marzo 17 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCERA.

Referencia: Instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, en los deudores del sistema financiero.

Respetados señores:

Colombia cuenta con un sistema financiero sólido que aplica altos estándares prudenciales y procedimientos de supervisión preventivos, lo que ha permitido afrontar retos coyunturales manteniendo la normal operación de las entidades financieras.

La situación de estrés generada por la emergencia sanitaria y otros choques externos requiere que las entidades vigiladas y las autoridades económicas prioricen sus esfuerzos con el fin de mantener la estabilidad del sistema financiero y la confianza del público en el mismo. Por lo tanto, esta Superintendencia encuentra necesario disponer medidas de carácter transitorio que busquen mitigar los efectos directos e indirectos de la actual coyuntura.

En particular, vale la pena mencionar que los establecimientos de crédito hoy cuentan con mecanismos que les permiten atender y manejar con sus deudores cambios a las condiciones de los créditos en escenarios de viabilidad financiera que propendan por mantener el adecuado pago de las obligaciones, sin embargo, es necesario incorporar algunas instrucciones temporales con el fin de atender situaciones de carácter masivo.

En consecuencia y en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el literal a) del numeral 3) del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en los numerales 4°, 5° y 6° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones transitorias:

PRIMERA: Los establecimientos de crédito deben establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que serán objeto de la aplicación ágil de medidas especiales para atender la coyuntura, dando énfasis a aquellos segmentos o sectores determinados como de especial atención por el Gobierno Nacional. Estas medidas consideran como mínimo:

i) Para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días (incluidos modificados y/o reestructurados), podrán establecer periodos de gracia que atiendan la situación particular del cliente, sin que el mismo se considere como un factor de mayor riesgo. En estos casos la entidad podrá continuar la causación de intereses y demás conceptos durante este periodo.

Al cumplirse dicho periodo y con el fin de restablecer la viabilidad financiera del deudor, las entidades podrán aplicar los mecanismos establecidos en la Circular Externa 026 de 2017 y sus modificaciones.

ii) Por el periodo de gracia establecido, estos créditos conservarán la calificación que tenían al 29 de febrero de 2020, y sólo después del mismo deben recalificarse de acuerdo con el análisis de riesgo de la entidad. Por lo tanto, durante dicho periodo su calificación en las centrales de riesgo se mantendrá inalterada.

iii) Tratándose de créditos rotativos y tarjetas de créditos para los clientes que se encuentren en las condiciones aquí previstas, no procederá por parte de la entidad la restricción en la disponibilidad de los cupos, salvo que por consideraciones de riesgo las entidades así lo determinen.

SEGUNDA. Por el periodo de 120 días calendario, los cambios a las condiciones de los créditos en los términos aquí señalados y en atención a lo previsto en el Capítulo II de la CBCF no se entenderán como una práctica generalizada para la normalización de cartera.

TERCERA. De manera general y por un periodo de 120 días calendario los créditos que al 29 de febrero de 2020 estuvieran en condición de modificados o reestructurados y como consecuencia de la coyuntura incurran en mora, las entidades deberán actualizar la calificación de riesgo de estos deudores conforme a su condición financiera y no le serán aplicables las instrucciones de los numerales 1.3.2.3.2.1 y literal b) del numeral 1.3.3.1 del Capítulo II de la CBCF.

CUARTA. Los establecimientos de crédito que establezcan las políticas, y procedimientos definidos la instrucción primera, podrán adoptar las siguientes medidas:

1) Para la cartera comercial y de consumo:

i) Podrán entrar en fase desacumulativa del componente individual contracíclico. El saldo de la provisión contracíclica podrá sufragar el 100% del gasto en provisiones neto de recuperaciones que se genere durante el periodo de 120 días calendario.

ii) El componente individual procíclico se calculará con base en la matriz A.

iii) No constituirán el componente individual contracíclico sobre la cartera que se origine a partir de la fecha de la publicación de esta instrucción.

Una vez finalicen los 120 días, la Superintendencia establecerá el mecanismo de reconstitución gradual que permita reestablecer dicho componente.

2) Para la cartera de vivienda y de microcrédito:

i) Usar el saldo de la provisión general para sufragar el gasto en provisiones neto de recuperaciones durante el periodo de 120 días calendario.

ii) No constituir provisión general sobre la cartera, a partir de la fecha de la publicación de esta instrucción y durante los siguientes 120 días calendario.

Una vez finalicen los 120 días, la Superintendencia establecerá el mecanismo de reconstitución gradual que permita reestablecer provisión general.

3) Si durante el plazo de los 120 días calendario se activan los requisitos de constitución de la provisión individual adicional derivada de las instrucciones de la Circular Externa 026 de 2012, dicha provisión no deberá constituirse.

TERCERA. Las entidades deberán tener a disposición de la Superintendencia, las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas que se generen a partir de la expedición de la presente Circular Externa.

CUARTA: Las entidades vigiladas deberán dar a conocer las políticas adoptadas en cumplimiento de la presente circular y poner a disposición de sus clientes mecanismos de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las inquietudes, solicitudes y quejas en relación con las medidas aquí previstas.

CUARTA: La presente circular rige a partir de su publicación.

JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

Superintendente Financiero de Colombia

50000


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CIRCULAR EXTERNA 008 DE 2020 ( Marzo 17 )

Señores

REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCERA.

Referencia: Instrucciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional ante los eventos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020.

Respetados señores:

En atención a los recientes acontecimientos en los cuales los mercados financieros han presentado una volatilidad inusitada, así como los efectos que sobre la prestación de los servicios financieros pueden derivarse de la aplicación de medidas preventivas para detener la propagación del COVID-19, esta Superintendencia encuentra necesario disponer medidas de carácter transitorio que busquen fortalecer la resiliencia de las entidades vigiladas ante la actual coyuntura para preservar la continuidad de la prestación de los servicios financieros.

En consecuencia y en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el literal (a) numeral (3) del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el literal (d) del artículo 12 de la Ley 1328 de 2008 y en los numerales 4°, 5° y 6° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones transitorias:

Medidas orientadas a gestionar el riesgo operacional en atención a la coyuntura.

Las entidades vigiladas deberán:

PRIMERA. Establecer planes de acción a corto plazo y mediano plazo, previendo que la actual contingencia pueda extenderse por al menos 120 días. Estos deben ser ejecutados y diseñados dependiendo del nivel de riesgo establecido por las autoridades correspondientes y las previsiones normativas aplicables en la región y/o jurisdicción donde operan las entidades y sus filiales. Las entidades deben informar a la Superintendencia a través del correo electrónico [email protected] sobre las dificultades en la implementación de estos planes de acción.

De igual forma, las entidades deben conformar un comité de atención de emergencias el cual deberá sesionar permanentemente y mantener informada a la junta directiva sobre la evolución de la situación y la efectividad en la aplicación de los planes de acción, mientras esta se mantenga.

SEGUNDA. Informar a los consumidores financieros sobre las medidas derivadas de estos planes de acción, que tengan incidencia en ellos y/o grupos de interés. Lo anterior deberá ser comunicado de forma clara y oportuna, mediante los canales que la entidad vigilada establezca con mayor capilaridad.

TERCERA. Fortalecer la infraestructura tecnológica, controles de ciberseguridad, capacidad de monitoreo y los canales digitales de atención a los consumidores financieros, para lo cual la entidad vigilada debe garantizar que cuenta con la capacidad necesaria para soportar el incremento de las operaciones en dichos canales.

CUARTA. Se considera práctica abusiva por parte de las entidades vigiladas aumentar los costos de las transacciones realizadas a través de canales no presenciales. Esta prohibición tiene vigencia durante los 120 días calendario siguientes a la expedición de la presente circular en atención al incremento en el volumen de las operaciones realizadas en estos canales.

QUINTA. Las entidades vigiladas deben evaluar el incremento de los montos transaccionales de las operaciones realizadas a través de canales no presenciales conservando los niveles de seguridad, teniendo en cuenta el análisis de riesgo para cada operación y el perfil transaccional de los consumidores financieros, dada la coyuntura, durante los 120 días calendario siguientes a la expedición de la presente circular.

SEXTA. Informar a la Superintendencia a través del correo electrónico [email protected] sobre la materialización de los riesgos que afecten la implementación del plan de continuidad el plan de acción y por tanto que impacten significativamente la prestación del servicio.

SEPTIMA. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de los funcionarios, colaboradores o terceros que desempeñen funciones críticas en la entidad vigilada, así como verificar periódicamente la capacidad de estos para el cumplimiento de sus obligaciones. De igual forma, la entidad vigilada deberá fortalecer la estrategia de trabajo en casa o trabajo remoto a gran escala. Para los trabajadores de respaldo de funcionarios que desempeñan cargos críticos, la entidad vigilada deberá habilitar el trabajo remoto o en instalaciones diferentes a las usadas por los trabajadores principales, adoptando los controles respectivos para minimizar los riesgos derivados de operar en
tales condiciones.

OCTAVA. Prever posibles incrementos en el uso del efectivo y adoptar las medidas necesarias para garantizar su distribución y recolección oportuna.

Medidas tendientes a mantener la atención al público.

NOVENA. Las entidades vigiladas deberán mantener la prestación del servicio en las oficinas, siempre y cuando las condiciones así lo permitan. Así mismo deberán informar al público los canales disponibles para la prestación del servicio garantizando su continuidad. En caso de ser necesario el uso de la red bancaria no propia las entidades deberán considerar el no cobro de este servicio a los afectados.

DECIMA. Las entidades que modifiquen horarios de atención al público deben informar a sus consumidores sobre dicho cambio mediante los canales que la entidad vigilada establezca con mayor capilaridad.

DECIMAPRIMERA. Las entidades vigiladas deben adoptar las medidas necesarias para reducir el tiempo de permanencia de los consumidores financieros cuando requieran acercarse a los diferentes puntos de atención, así mismo deberán establecer mecanismos para evitar aglomeraciones en los puntos de atención al cliente, en línea como mínimo con las disposiciones que establezcan las autoridades.

DECIMASEGUNDA. Entrada en vigencia. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y sus instrucciones estarán vigentes durante los 120 días calendario siguientes hasta tanto la Superintendencia establezca una nueva disposición.

Cordialmente,

JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

Superintendente Financiero de Colombia

50000

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Autor: Laura Cadena.
Contacto: [email protected] , [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Marzo 26 del 2020.

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Proteja los derechos de autor y apórtele valor agregado a su compañía

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Los derechos de autor tienen por objeto proteger toda clase de obras científicas, literarias y artísticas, tales como programas informáticos, bases de datos, anuncios publicitarios, mapas, esculturas, y todo tipo de producción que pueda reproducirse por cualquier medio, siempre que denoten originalidad, y se distingan de otras por su contenido de hechos o ideas desde el momento de su creación, sin que se requiera formalidad o registro alguno.

Sin embargo, para darle mayor seguridad jurídica a los titulares de los derechos de autor protegidos, la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor ofrece el servicio gratuito de registro de obras literarias y artísticas, entre ellas el soporte lógico o software, con el cual las empresas podrán dotar de publicidad a tales derechos y a los actos y contratos que transfieran o cambien su dominio. Además, al hacer uso de este registro, las empresas también podrán otorgar garantía de autenticidad a las obras, y a todos los actos y documentos a que a ellas se refieran.

No obstante, se debe tener en cuenta que dicho registro no es constitutivo de los derechos de autor, sino meramente declarativo; tampoco es obligatorio, pero sin duda alguna, al crearse un registro público de la obra, servirá como prueba válida para el verdadero autor y propietario de la obra a la hora de enfrentarse a controversias relacionadas con su titularidad o creación, facilitando la protección de la obra y de su autor De otro lado, la inscripción en el registro le otorgará valor agregado a las compañías que opten por proteger sus obras a través de este registro, pues obtendrán ventajas, por ejemplo, a la hora de negociar su venta.

Finalmente, la existencia de este registro permite que se genere mayor consciencia del valor que tiene la creación de obras, permitiendo con ello proteger y fomentar el trabajo de los autores, dándole prevalencia a la creatividad y la innovación que se han convertido en los pilares de los nuevos emprendimientos.

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Autor: Laura Cadena.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Octubre 29 del 2019.

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