Juan Francisco Pineda

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La Justicia Digital, medidas para el acceso tecnológico al sistema judicial

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Una de las incógnitas más grandes que hemos tenido los colombianos con todo lo sucedido a raíz de la pandemia del COVID-19, recae sobre uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de Estado, que representa aquel contrato social común que tenemos y materializa o protege nuestros derechos, el acceso a la justicia.

Ante esto, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el acuerdo 11567 de 2020, decidió que la suspensión de términos decretada por el gobierno nacional iría hasta el día 30 de junio de 2020, y a partir del 1 de julio del presente año, se reanudaría el actuar cotidiano de la justicia en Colombia. En este texto, Scola Abogados presenta las novedades del decreto 806 de 2020 (el “Decreto”) expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Acuerdo 11567 (el “Acuerdo”) del Consejo Superior de la Judicatura, para poder comprender cómo funcionará la justicia, desde la perspectiva del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la actividad judicial.

El Decreto se extiende no solamente a juzgados de las diferentes jurisdicciones (Ordinaria, de lo Contencioso Administrativo, Constitucional) sino también a las jurisdicciones especiales (Penal Militar, JEP) a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y a los Centros de Arbitraje y Conciliación.

Uso de tecnologías

El Decreto y el Acuerdo comprenden por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, cualquier medio idóneo de comunicación entre autoridad y sujetos involucrados en la actividad judicial. Esto comprende canales de comunicación electrónica como correo electrónico, aplicaciones y programas para comunicación virtual para reuniones a través de internet o telefónicamente, y el uso de páginas web y sistemas oficiales para la comunicación, consulta y publicación de documentos judiciales relevantes, garantizando la publicidad, el derecho de contradicción y el debido proceso, incluyendo la realización de audiencias, diligencias y actuaciones.

Sin embargo, el Decreto se adapta a la realidad del País, en la cual una pluralidad de sujetos no tiene el acceso a los diferentes medios mencionados. Por ello, se da un enfoque en la actividad al desarrollo de criterios de accesibilidad y ajuste necesario para garantizar el derecho a la administración de justicia, ordenando a las autoridades municipales y departamentales, dentro de sus capacidades, a proporcionar y facilitar el acceso a la población. De igual manera por lo cual se establece que se deberá prestar el servicio igualmente de forma presencial en caso de ser necesario para garantizar el derecho, cumpliendo con las obligaciones sanitarias durante la prestación.

Deberes de los sujetos procesales

Los juzgados y las diferentes autoridades deberán dar a conocer mediante su página web, los canales oficiales mediante los cuales prestarán sus servicios, y los medios electrónicos empleados en su actividad. Las personas tienen el deber de asistir a audiencias y diligencias, y realizar sus actuaciones procesales, para lo cual deben suministrar a la autoridad y demás involucrados los canales de comunicación digitales que utilizarán durante el proceso, en los cuales recibirán notificaciones y desde los cuales enviarán y recibirán copias de memoriales y actuaciones realizadas a sus contrapartes, siempre con una copia de los mensajes oficiales enviados a la autoridad.

Ante un cambio de dirección o medio electrónico de notificación, debe informarse inmediatamente al juzgado y a los otros sujetos, so pena de mantener validez la dirección anterior de notificación con sus respectivas consecuencias.

Expedientes, poderes y memoriales

Para la consulta de los expedientes de manera digital ante la imposibilidad o dificultad de consulta presencial, la autoridad judicial trabajará con los sujetos con el fin de poder proporcionar las piezas procesales que se encuentren en su poder y digitalizarlas para consulta colectiva. Se podrán utilizar diferentes herramientas tecnológicas para conseguir este fin.

Los poderes especiales para actuaciones judiciales se presumirán auténticos, y no requerirán presentación personal, ni firma digital o manuscrita. Se podrán conferir mediante mensajes de datos, y deberán incluir la dirección de correo del apoderado, que debe coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Los poderes deben ser remitidos, en caso de personas jurídicas, desde la dirección de correo inscrita en el registro mercantil.

En memoriales, como demandas y contestaciones, se debe incluir el canal digital de notificación de las partes y sus apoderados o representantes, de testigos, peritos y terceros citados al proceso, so pena de inadmisión. Deberá enviarse por medio electrónico todos los anexos nombrados en la demanda. La demanda se enviará por mensaje de datos junto con los anexos a las direcciones que se dispongan para reparto por parte del Consejo Superior de la Judicatura, o a la dirección oficial de la autoridad competente de conocer el caso. No es necesario acompañar copias físicas ni electrónicas de la demanda para archivo o traslado.

En todas las jurisdicciones y casos aplicables (autoridades con función y centros de arbitraje), salvo cuando se soliciten medias cautelares o se desconozca la dirección de notificación de algún demandado, se enviará copia de la demanda y sus anexos al demandado. Esto también aplica a escritos de subsanación, y en ambos casos debe acreditarse el envío so pena de inadmisión de la demanda. Si no se conoce la dirección digital de notificación, se puede acreditar con envío físico al demandado de la demanda y sus anexos. Todos los documentos deben, de ser posible, ser enviados en formato PDF.

Notificaciones

La notificación personal, cuando se haya enviado la copia de la demanda y anexos al demandado, se surtirá con el envío del auto admisorio al demandado. La notificación de otras providencias se surtirá de la misma manera, mediante el envío de copia de la providencia notificada a la dirección oficial de notificación.

Los sujetos afirman bajo gravedad de juramento que la dirección de notificación es la oficial, al igual de informar cómo la obtuvieron, allegando las evidencias correspondientes. La notificación se entiende surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los términos corren a partir del día siguiente a la notificación. Ante discrepancias con la manera de surtir la notificación, se podrá solicitar nulidad de lo actuado bajo juramento de no conocer la providencia. No es obligatorio el uso de confirmación de recibo de correos electrónicos o mensajes de datos.

Lo anterior aplica a todas las actuaciones, en todos los procesos y en actuaciones extraprocesales. El juez puede solicitar información de direcciones electrónicas a Cámaras de Comercio, Superintendencias y otras entidades.

Los emplazamientos se harán únicamente mediante el registro nacional de personas emplazadas, sin requerir publicación en medio escrito.

Audiencias

Las audiencias podrán realizarse por cualquier medio electrónico o telefónico que los sujetos y autoridades judiciales tengan a su disposición. Podrá haber comunicaciones del despacho con autorización del titular con el fin de informar a los sujetos sobre los medios a utilizarse en audiencia.

Estados, Traslados, Comunicaciones y Oficios

Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente en la página de web de la Rama y demás canales oficiales de los juzgados, sin necesidad de impresión, y deberán incluir la providencia que se está notificando. Las providencias que traten de medidas cautelares no serán publicadas, ni las que tengan reserva legal.

Los traslados se cumplen de la misma manera, y estos, junto con los estados, se conservan en línea para consulta permanente de cualquier interesado. Si una parte envía un escrito del cual deba correrse traslado, la parte podrá enviar copia de este a quien corresponda, con lo que se prescinde del traslado de secretaría, y se entenderá realizado a los dos días hábiles del envío del mensaje, con el término corriendo a partir del día siguiente. Todas las comunicaciones se surtirán por medio electrónico disponible, las comunicaciones se presumen auténticas siempre que provengan de mensaje de datos del correo oficial de la autoridad judicial.

Apelaciones Civiles y Laborales

Apelación Civil: En el término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán solicitar práctica de pruebas en los casos del artículo 327 del CGP, el juez se pronunciará en un término de 5 días. El recurso tendrá 5 días de término para sustentación a partir de ejecutoriado el auto que admite recurso o niega solicitud de prueba, y habrá 5 días de traslado a la contraparte. Vencido este término, se resolverá la apelación mediante sentencia que se notificará por estado. El recurso debe sustentarse so pena de declararse desierto. Las pruebas decretadas se practican en audiencia, en la cual se escucharán alegatos y se dictará sentencia.

Apelación Laboral: Ejecutoriado el auto que admite la apelación, si no se decretan pruebas, habrá traslado de 5 días a cada parte para alegar por escrito, iniciando con el apelante. Surtidos los traslados se proferirá sentencia escrita. Si se decretan pruebas, éstas se practican en audiencia, donde se oirán alegatos de las partes y se resolverá el recurso, en términos del art 83 del CPT. El término de traslado es igual cuando se trate de una apelación de un auto, teniendo igualmente 5 días por parte para alegar por escrito.

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Canales de comunicación con los juzgados:

Lo que debe tener en cuenta para sus procesos durante la emergencia.
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En el marco del Decreto 806 de 2020 (Ministerio de justicia) y el Acuerdo 11567 (Consejo Superior de la Judicatura)

 Páginas web oficiales de las entidades.

Imagen Globo   Llamadas telefónicas y otras formas de mensajería.

Imagen Computador  Correo electrónico y aplicaciones electrónicas para reuniones.

Imagen Ubicación  Se mantiene la atención presencial.

! Se busca la flexibilización de medios de acceso al proceso y se abre la posibilidad de utilizar diversos medios idóneos para las partes.

Deres para la comunicación

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Juzgados y otras autoridades:

Deberán dar a conocer mediante su página web, los canales oficiales mediante los cuales prestarán sus servicios, y los medios electrónicos empleados en su actividad.

Sujetos procesales:

Deben suministrar a la autoridad y demás involucrados los canales de comunicación digitales que utilizarán durante el proceso. Siempre con una copia de los mensajes oficiales enviados a la autoridad.

! Ante cualquier cambio en los medios de  comunicación debe informarse a la autoridad ya los demás sujetos involucrados.

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Flexibilización procesal en tiempos de Covid-19

En el marco del Decreto 806 de 2020 (Ministerio de justicia) y el Acuerdo 11567 (Consejo Superior de la Judicatura).

Firmasimagen Texto

Todos los documentos se presumen como auténticos, por lo que no se deben firmar después de enviados.

Términos y Notificaciones Imagen Bombillo

La notificación se entiende surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los términos corren a partir del día siguiente a la notificación.

 

Audiencias Imagen Manos

Las audiencias se podrán realizar mediante cualquier medio idóneo dispuesto (Reunión por plataforma virtual, reunión telefónica, etc)

Estados y TasladosImagen Computador

Las notificaciones por estado y los traslados se fijarán virtualmente en la página de web de la Rama y demás canales oficiales de los juzgados. Las providencias que traten de medidas cautelares no serán publicadas, ni las que tengan reserva legal.

Descargar documento Anexo 3

Autor: Juan Francisco Pineda.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Junio 18 del 2020.

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Complementos frente a la Reorganización Empresarial en tiempos del COVID – 19

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En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional el país ha tenido que entrar en problemas económicos, los cuales buscaron ser mitigados mediante la expedición del Decreto 560 de 2020, en el mes de abril del presente año. Con el desarrollo de la pandemia y el estado de emergencia, el gobierno complementó las disposiciones de dicho decreto, relativo a los procesos de reorganización y liquidación empresarial, mediante la expedición del decreto 772 de 2020, el día 4 de junio.

El Decreto es aplicable únicamente a las empresas que hayan entrado en procesos concursales o en acuerdos de reorganización empresarial en virtud de alguna de las razones que llevó a la declaratoria de estado de emergencia, o que se deriven como consecuencia de la emergencia. Por tanto, no será aplicable a empresas que estuviesen en procesos o cuyos problemas financieros tengan ocasión en eventos anteriores a la emergencia sanitaria. El Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y tendrá una vigencia de dos años calendario.

Uso de tecnologías

Adicionalmente a las medidas del decreto 560, el gobierno admitió en el nuevo decreto que las autoridades soliciten a los interesados en estos procesos el uso de tecnologías de la información para la automatización de los procesos mediante uso de formularios y mecanismos electrónicos dentro del proceso. Los términos que aplicarán a estos recursos frente a su diligenciamiento y trámite serán regulados por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, en caso de no ser posible el acceso a estos medios por parte de los interesados, debe garantizarse el acceso presencial a los procesos y procedimientos.

Toda la información brindada en dichos formularios y procesos podrá quedar disponible en el sistema de información de la Superintendencia, para consulta de terceros.

Medidas Cautelares

Mediante el auto de inicio del proceso, se levantarán las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivos que recaigan sobre bienes distintos a los sujetos a registro, para lo que los jueces de dichos procesos deben entregar dineros y bienes al deudor aún si el demandante del proceso no se incorporó al proceso concursal.

Medidas relativas a compradores de inmuebles para vivienda Los deudores sometidos a estos procesos cuyo objeto sea construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda, pueden sin necesidad de autorización, realizar pagos al acreedor hipotecario de mayor extensión o subrogarlos al adquiriente, con el fin de levantar los gravámenes sobre los bienes para poder transferirlos a los adquirientes interesados. Deberá informarse al juez de estas operaciones discriminadamente dentro de los 5 días siguientes a su realización. Los acuerdos de reorganización deben respetar las obligaciones contractuales relativas a contratos sobre inmuebles destinados a vivienda.

Acuerdos de reorganización

No se podrá configurar el incumplimiento generalizado de gastos de administración ni el aplazamiento de pago a ciertos acreedores que menciona el decreto 560, si no se justifica de manera suficiente la configuración, o se tiene el dinero para pagarlos. Los deudores deben cumplir con los términos de créditos obtenidos para financiación durante el acuerdo de reorganización. Si no se cumplen estas condiciones, no se confirmará el acuerdo por parte del juez.

Nuevo Proceso de Reorganización Abreviado para Pequeñas Insolvencias.

En caso de un proceso de reorganización cuando el valor de activos sea inferior a 5000 SMMLV, se aplicará para la empresa el proceso de reorganización abreviado. Para esto, se presentará la solicitud cumpliendo los requisitos de la Ley 1116 de 2006 y cumpliendo con el supuesto de cesación de pagos.

Será deber de las partes revisar la información, los expedientes y atender a las diligencias del proceso. El auto de apertura contendrá la designación del promotor, la orden de calificación de créditos y derechos de voto para los acreedores, la actualización de inventarios al día anterior al auto admisorio, dentro de 15 días siguientes a la admisión.

Se ordenará inscribir la ejecución concursal en el Registro de Garantías Mobiliarias e informe a los despachos judiciales donde haya procesos ejecutivos, de cobro coactivo y de restitución contra el deudor.

Habrá una reunión de conciliación de objeciones a los documentos del proceso y presentación del acuerdo de reorganización dentro de los tres meses siguientes al inicio del proceso, teniendo que presentarse objeciones hasta cinco días antes a lo máximo de la fecha de reunión. Del mismo modo, habrá audiencia de resolución y confirmación del acuerdo.

El deudor debe acreditar el cumplimiento de las ordenes impartidas por el juez dentro de los cinco días siguientes al vencimiento de término de cada orden. De lo hacerlo, el juez podrá terminar la función del representante legal o del deudor y asignar un promotor para cumplir estas órdenes. De no llegarse a un acuerdo posterior a la conciliación y audiencia de resolución de objeciones, en virtud de votación insuficiente a favor, el juez ordenará proceso de liquidación judicial simplificada.

Proceso de liquidación judicial simplificada para pequeñas insolvencias

La admisión a este tipo de procesos está ligada igualmente al requisito de valor inferior de activos a 5000 SMMLV. Se realizará mediante solicitud al juez del concurso por parte del deudor, cumpliendo los requisitos de solicitud de la ley 1116 de 2006.

El liquidador será designado en la apertura del proceso y se emitirán las órdenes pertinentes al inicio del proceso. El liquidador cuenta con 15 días para estimar los gastos de administración de liquidación, incluyendo indemnizaciones laborales. El liquidador puede presentar ofertas vinculantes de venta de activos, condicionadas a aprobación del inventario por parte del juez.

Los acreedores tendrán 10 días para presentar sus créditos a partir de la desfijación del aviso de apertura, y el liquidador tendrá 15 días para presentar la graduación de créditos. El proyecto de calificación y graduación de créditos tendrá un término de traslado de 5 días. La adjudicación, salvo que se solicite lo contrario, se realizará por el juez del concurso.

Los acreedores pueden objetar al valor neto de liquidación de los bienes, o a una oferta de venta de uno o varios bienes por una incongruencia en el valor asignado. De no haber objeciones o ser conciliadas, se proferirá auto aprobando calificación, graduación e inventario de créditos y bienes.

Habrá dos meses para la venta de activos y para lo restante al final de dicho periodo, el liquidador presentará un proceso de adjudicación, que aprobará el juez, en cuyo caso el liquidador realizará la entrega de los bienes dentro de los 20 días siguientes a la firmeza de la adjudicación, y rendirá cuentas al juez.

Toda la información financiera debe presentarse con la base contable del valor neto de liquidación, asumiendo que no hay negocio en marcha, y deberá estar actualizada so pena de sanciones correspondientes. Habrá 1 mes a partir de la apertura para solicitar exclusión de bienes del proceso. Los honorarios podrán ser pagados por interesados en el proceso en caso que la masa no pueda cubrirlos.

Procesos de liquidación ordinaria – recuperación de valor

Se buscará la adjudicación en bloque o unidad productiva de los bienes de manera preferente. Del mismo modo, se podrá celebrar contratos de fiducia para la adjudicación como pago de deudas a través de derechos fiduciarios. Esto implica el destino de bienes y dineros para producción o traspaso mediante una fiducia, con los acreedores del concurso obteniendo en pago los réditos de dicha operación. El juez podrá requerir ajustes a las cláusulas que no correspondan al objetivo del proceso, y podrá adjudicar de forma directa unidades de bienes a acreedores, preservando la prelación legal.

Podrá acudirse a subastas por martillo electrónico para la venta de bienes que no puedan ser vendidos de manera directa. De venderse el bien, el adjudicatario deberá recibir el pago dentro de los dos meses siguientes al desembargo de los recursos, so pena de caducidad, lo que incluiría estos dineros en la masa liquidatoria.

Aspectos Tributarios de la Reorganización

Para empresas que negocien, ejecuten o celebren acuerdos de reorganización hasta el 31 de diciembre de 2021, se tendrán las rebajas, descuentos, quitas de capital, multas, sanciones o intereses como ganancia ocasional, no como renta ordinaria o líquida, cuando se presenten o sean resultado de un acuerdo de reorganización, y podrán ser compensadas con perdidas ocasionales del ejercicio o pérdidas fiscales acumuladas del contribuyente.

Suspensiones:

Se suspenden hasta el 16 de abril de 2022 los artículos 342, 251, 270 y 457 numeral 2 del Código de Comercio, el numeral 7 del artículo 34 de la ley 1258 de 2008 frente a la causal de disolución por pérdidas, y el artículo 24 de la ley 1429 de 2010 y artículo 35 de la ley 1258 de 2008 frente al término para enervar dicha causal.

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Autor: Juan Francisco Pineda.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Junio 12 del 2020.

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Reorganización Empresarial en tiempos del COVID-19

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En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional durante el mes de marzo de 2020, los diferentes entes del Estado han tomado diversas determinaciones con el fin de ralentizar el contagio y la expansión de la pandemia de Covid-19 y sus devastadores efectos. Dentro de estos, la medida de aislamiento obligatorio ha tenido particular incidencia en la economía nacional, llevando a una pluralidad de empresas en el país a entrar en problemas económicos, los cuales buscaron ser mitigados de la siguiente manera con la expedición del Decreto 560 de 2020.

El Decreto es aplicable únicamente a las empresas que hayan entrado en procesos concursales o en acuerdos de reorganización empresarial en virtud de alguna de las razones que llevó a la declaratoria de estado de emergencia mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, o que se deriven como consecuencia de la emergencia. Por tanto, no será aplicable a empresas que estuviesen en procesos o cuyos problemas financieros tengan ocasión en eventos anteriores a la emergencia sanitaria. El Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, el 15 de abril de 2020, y tendrá una vigencia de dos años calendario.

Procesos extrajudiciales para las empresas:

Negociación de emergencia entre deudores y acreedores: A las empresas que les sea aplicable el régimen de insolvencia empresarial, podrán aplicar a una negociación de emergencia de acuerdo de reestructuración con sus acreedores, notificando al juez competente de los procesos de reorganización. El juez dará inicio a la negociación la cual tendrá un plazo de tres meses desde iniciado el proceso. En este tiempo, se deben calificar créditos, presentar acreedores con inconformidades, establecer derechos de voto, siempre aportando soportes.

El acuerdo debe presentarse al juez dentro del término de tres meses y cumplir todos los requisitos legales para acuerdos de la ley 1116 de 2006.

El juez dará tramite en audiencia a inconformidades, pruebas, documentos y calificación y grabación de deudas, cualquier acreedor que no se presente se entenderá que desistió de su observación. Habiendo dado trámite, el juez confirmará o declarará fallida la negociación, que de ser confirmada, tendrá efectos de acuerdo oficial de reestructuración. Durante la negociación, se suspenderán los procesos ejecutivos, de cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías, se pueden suspender pagos de administración, pero no pagos de obligaciones de primer grado, sin que la suspensión implique incurrir en mora.

Proceso de Recuperación Empresarial: Las Cámaras de Comercio del lugar de domicilio del deudor podrán mediante sus centros de conciliación y arbitraje, adelantar procesos de recuperación empresarial para las empresas sujetas a régimen de insolvencia de la ley 1116 y del artículo 3 de dicha ley. Si se opta por dicho proceso, este será regido por el reglamento de la Cámara de Comercio. El término de este proceso será de tres meses, teniendo los mismos efectos que los de la negociación de emergencia.

Al finalizar el proceso, podrá presentarse al juez concursal para resolver objeciones y extender los efectos del acuerdo mediante verificación judicial, lo que hace más seguro y da oponibilidad al acuerdo. Este proceso no puede adelantarse paralelo a uno de reorganización, y de considerarse fallido, no podrá volver a intentarse dentro del año siguiente a la fecha de terminación.

Disposiciones frente al proceso de reorganización ordinario: Para los casos de procesos de reorganización, el trámite será expedito y el juez competente a quien se acuda no tendrá que revisar la exactitud o contenido de los documentos, será labor del deudor y su revisor fiscal.

El deudor debe garantizar que lleva adecuadamente la contabilidad de la sociedad. El deudor podrá pagar a proveedores y acreencias laborales que en total no sumen más del 5% del pasivo externo, informando al juez de dichos pagos en un término de 5 días a partir del pago, aportando lista de acreedores pagados, clase, cuantía y soportes del pago, bajo una serie de condiciones, y siempre que los activos no comprometidos en operaciones de crédito son suficientes para el pago de obligaciones laborales, alimentarias, pensionales y salariales.

Opciones para las Empresas en Reorganización

Estímulos de Financiamiento: desde el inicio del proceso de reorganización y hasta la confirmación del acuerdo de reorganización el deudor podrá obtener créditos para desarrollo del giro ordinario de sus negocios durante la negociación. Puede solicitar financiación cumpliendo con garantías y protecciones particulares para sus distintos acreedores como: (i) respaldar el crédito con garantías sobre sus propios activos que no se encuentren gravados (ii) garantizar con nuevos activos (iii) gravámenes de segundo grado (iv) bienes gravados con autorización y protección del acreedor. Los acreedores también podrán presentar alternativas de financiación menos gravosas a las presentadas por el deudor. La DIAN y otras entidades del Estado podrán rebajar sanciones, capitales o intereses.

Alivios Financieros: Los acuerdos podrán incluir mecanismos de podrán incluir disposiciones que flexibilicen los plazos de pago de las obligaciones, pagos a los acreedores distintas clases de forma simultánea o sucesiva y mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial que cumplan con las siguientes condiciones: (i) Las cuotas de abril, mayo y junio de2020 de las empresas que estén en acuerdo de reorganización no se entenderán vencidas sino hasta julio de 2020. (ii) El acuerdo no terminará por incumplimiento de las obligaciones, salvo que sea mayor a tres (3) meses y no sea subsanado. (iii) Capitalización de pasivos mediante bonos de riesgo y acciones sujetas a condiciones particulares de preferencia, votos, repartición de dividendos y participación. (iv) descarga de pasivos mayores al valor a la valoración como empresa en marcha aprobado por el 60% o más de acreedores externos con vocación de pago, sin contar acreedores internos y vinculados que no afecte obligaciones de primer grado, con su debido registro en estructura de capital de la sociedad. (v) pactos de deuda sostenible con entidades financieras según los cuales, estipulando en lugar de pagar la totalidad de obligaciones, reorganización de las mismas. Requiere aprobación de al menos el 60% de acreedores financieros.

Aspectos Tributarios de la Reorganización

Para empresas que negocien, ejecuten o celebren acuerdos de reorganización hasta el 31 de diciembre de 2020, no se les aplicará retención ni autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta, tampoco pagarán el anticipo de renta para el 2020. La retención en la fuente sobre el IVA será de 50%, y no deben pagar renta presuntiva para 2020.

Frente a Empresas en Liquidación Inminente:

Cualquier acreedor podrá aportar capital a las empresas para evitar su liquidación inminente, cuando el patrimonio de la empresa concursada sea negativo, ofreciendo pagar como mínimo (i) Todos los créditos de primer grado, (ii) Todas las indemnizaciones laborales por terminación sin justa causa y pasivos pensionales, (iii) gastos de administración de reorganización (iv) créditos de acreedores garantizados y (v) demás créditos con vocación de pago.

El juez autorizará la operación una vez el interesado deposite la totalidad del valor de la oferta. Si el oferente no cancela la totalidad del valor de la oferta, será sancionado con un 50% del valor total de la oferta, que irá a la masa de liquidación como valor no gravado, y se continuará con el proceso de liquidación. Las obligaciones anteriores o insolutas que no se presentaron al proceso se extinguirán, habiendo lugar a acciones de responsabilidad civil frente a estas, y las acciones de los anteriores accionistas se cancelarán y se ordenará la capitalización y emisión de nuevas acciones para el acreedor oferente, sin derecho de preferencia.

Suspensiones:

Se suspenden los artículos 9, 37 y 38 de la ley 1116 de 2006, relativos a los supuestos de incapacidad de pago inminente, salvo para negociación de acuerdos de reorganización o procesos de recuperación empresarial; y relativos al trámite de proceso de liquidación por adjudicación en nuevos procesos, manteniendo su aplicación en procesos en curso.

Del mismo modo, se suspende la configuración de la causal de disolución por pérdidas del código de comercio y la ley 1258 de 2008; y las disposiciones del artículo 19 numeral 5 del Código de Comercio, cuando la cesación de pagos sea por motivos relativos a la emergencia decretada.

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Autor: Juan Francisco Pineda.
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Fecha de publicación: Abril 22 del 2020.

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Asambleas de accionistas en la coyuntura actual de salud pública

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A lo largo del tiempo transcurrido de este año, el COVID-19 (Coronavirus) ha llevado a Colombia a un estado de emergencia sanitaria y de salud pública.

En virtud de esto, una de las directivas más relevantes que han tomado entidades públicas y privadas por igual, es la cancelación de eventos masivos y accesos a lugares de uso común y múltiple. Sin embargo, por el momento del año, hay un tipo de evento particular, obligatorio por ley en diferentes tipos de sociedades, que se ve afectado principalmente por la medida mencionada: Las reuniones de asambleas generales de accionistas o junta de socios, que deben realizarse anualmente, en virtud del artículo 422 del Código de Comercio, en los tres meses siguientes al final de cada ejercicio.

Por demás, el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto Ley 019 de 2012 contemplan que puede haber reunión por cualquier medio, siempre que mediante éste todos los accionistas puedan deliberar y decidir mediante comunicaciones simultaneas o sucesivas, sobre los asuntos que son parte de la agenda y competencia de decisión de las juntas y Asambleas.

Esto mismo aplica para reuniones de junta directiva.

Ante dicha situación, el Presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias, expidió el día viernes 13 de marzo de 2020 el Decreto Reglamentario 398 de 2020, el cual dicta las reglas para la realización de reuniones no presenciales de juntas directivas, juntas de socios y asambleas generales de accionistas. Dicha reglamentación contempla tres puntos relevantes.

1. Convocatoria

El Decreto mencionado se pronuncia sobre la convocatoria, estableciendo que las asambleas generales de accionistas, juntas de socios y reuniones de junta directiva, en virtud de las disposiciones previamente mencionadas que permiten la reunión de manera virtual, se podrá convocar expresando en la convocatoria los medios electrónicos mediante los cuales se realizará la reunión (tipo de plataforma, si habrá sede física de reunión para quienes decidan asistir físicamente, cuáles medios autorizados hay, formas de acceso a los medios y a las reuniones, si habrá uso de más de un medio de comunicación).

Del mismo modo, en caso de haberse ya realizado la convocatoria, habrá la posibilidad de hasta con un día de antelación a la fecha de la reunión, de enviar un alcance a la convocatoria original, el cual exprese que la reunión se realizará virtualmente, e incluya todos los datos anteriormente mencionados.

2. Quorum

En materia de quorum, el Decreto aclaró la duda general existente frente a las disposiciones del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012, según las cuales se podía interpretar que el quorum tenía que ser universal para poder llevar a cabo la reunión. Esta interpretación es, sin embargo, incorrecta, ya que el artículo mencionado refiere, al expresar que todos los socios puedan deliberar, a la posibilidad de asistencia de todos a la reunión.

En ese sentido, el Decreto expresa que las normas regulares de quorum que rigen las asambleas y reuniones, tanto de naturaleza legal como estatutaria en las distintas sociedades, se mantienen, por lo cual, para las asambleas virtuales, se requerirá contar con la presencia del quorum obligatorio para poder abrir y celebrar la reunión, y del quorum que esté establecido para la toma de cada una de las decisiones a la hora de llevar a cabo la votación.

Frente a la verificación de asistencia, la normatividad expresa que la verificación de la identidad de los presentes se puede llevar a cabo por cualquier medio idóneo, y será labor del representante legal verificar la identidad de los asociados y sus apoderados o representantes, de los poderes o documentos que acrediten dicha calidad, y de la asistencia permanente de los miembros a la reunión, teniendo en cuenta las dificultades de conectividad a la hora de determinar sanciones por ausentarse en media reunión y tomando las medidas adecuadas para ello.

Todo lo anterior deberá registrarse en el acta de reunión, a la cual le aplican los mismos requisitos que a las actas de reuniones presenciales, con las adiciones relevantes sobre los puntos referidos a la virtualidad.

3. Votación

Para efectos de votación y toma de decisiones, el Decreto dejó abierta la posibilidad de cada sociedad de seleccionar sus métodos de votación, desde votaciones mediante aplicaciones u otros medios digitales, hasta simples expresiones de voluntad mediante llamada telefónica, contando siempre con el quorum adecuado para cada votación.

Es responsabilidad del representante legal acreditar, contar y de manera transparente plasmar en el acta los resultados y números de quorum y cantidad de votos en cada decisión en el acta de reunión junto con los procedimientos establecidos para ello, para lo cual se recomienda utilizar medios y aplicaciones electrónicas en los cuales la votación pueda quedar plasmada directamente, con el fin de evitar reclamaciones posteriores y exposiciones de responsabilidad por inconsistencias en el procedimiento.

Sin embargo, de no ser así, el trabajo del representante legal será rectificar con los presentes cada resultado antes de plasmarlo en el acta. Lo anterior con el fin de que sea oponible a los accionistas y a terceros en los términos que expresa la ley frente a las decisiones sociales.

Desde Scola Abogados, estamos orgullosos de compartir con nuestros clientes, aliados y otros lectores esta información, con el fin de facilitar a todos el desarrollo de sus actividades.

Contáctenos en caso de tener cualquier duda, requerimiento de mayor información o asesoría que puedan requerir en este y otros temas, lo cual será un honor para nosotros poderles prestar en lo mejor de nuestras capacidades.


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Autor: Juan Francisco Pineda.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Marzo 18 del 2020.

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