Nestor Julián Sácipa

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Devolución de cotización de aportes a pensiones periodos de abril y mayo de 2020 – Análisis sentencia C-258 de 2020

Scola Abogados comparte con ustedes un artículo sobre Devolución de cotización de aportes a pensiones periodos de abril y mayo de 2020 – Análisis sentencia C-258 de 2020.

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Reactivación económica en Bogotá: “Transición a nueva realidad”

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El 26 de agosto de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto No. 193 de 2020 mediante el cual inició el denominado “periodo transitorio de nueva realidad” y reguló las condiciones para adelantar la reactivación de los sectores económicos, a través de la distribución razonable de diferentes actividades comerciales, laborales y de servicios, por medio de la aplicación de franjas y horarios de funcionamiento.

El presente artículo analiza las disposiciones de la nueva realidad en Bogotá y sugiere recomendaciones para garantizar la reactivación económica y disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 en las zonas de operaciones y de trabajo de las empresas.

De manera previa debemos advertir que la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 declarada en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 fue prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020 en virtud de la Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 2020; esta disposición además reitera la orden a los responsables de los establecimientos de comercio y locales comerciales de controlar estrictamente la entrada y salida de personas, así como prohíbe eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas y la concurrencia de más de cincuenta personas.

En línea con lo anterior el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 estipuló expresamente cuáles actividades no están permitidas en ningún municipio del territorio nacional: a) eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas; b) los bares, discotecas y lugares de baile y; c) el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Sin embargo, el decretó aclaró que los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto en estas actividades, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad. Por el contrario, cuando un municipio presente variación negativa en el comportamiento de índices de contagio, el Ministerio del Interior podrá ordenar el cierre de actividades dada la situación epidemiológica del respectivo municipio.

Así las cosas, la Alcaldía de Bogotá en el Decreto 193 de 2020 estableció un mecanismo de alternancia por días y horarios para algunas actividades que sólo podrán operar exclusivamente entre las siguientes franjas:

(1) Entiéndase aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) metros como mínimo entre persona y persona. También cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles dificulte o impida dicho distanciamiento.

1. Sin restricción:

  • La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad y aquellos considerados esenciales.
  • Comercialización de productos mediante plataformas de comercio electrónico o para servicios de entrega a domicilio de todo tipo de bienes.

2. De lunes a sábado: actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y remodelación en inmuebles en zonas residenciales entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. En caso de zonas no residenciales se deberán establecer horarios de ingresos entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m.

3. De lunes a jueves (10:00 a.m. a 5:00 a.m.): la cadena completa de producción y distribución de industrias manufactureras de bienes diferentes a los de primera necesidad y esenciales, centros de diagnóstico automotriz, comercio al por mayor y mantenimiento de vehículos.

4. De miércoles a domingo (5:00 a.m. a 9:00 p.m.): comercio al por menor de bienes y servicios no considerados esenciales o de primera necesidad y servicios de peluquería y salones de belleza.

5. De jueves a domingo (5:00 a.m. a 11:59 p.m.): comercialización de productos de locales gastronómicos bajo la modalidad de “restaurantes a cielo abierto” coordinado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. También podrán funcionar los locales comerciales servidos a la mesa, siempre y cuando se garantice el distanciamiento físico de dos metros.

6. Lunes, martes, viernes y sábado (sin restricción horaria): oficinas que presten servicios de consultoría, actividades profesionales y de servicios; y actividades educativas cuya apertura está prevista entre el periodo del 5 al 11 de octubre de 2020.

7. Las actividades físicas, de ejercicio al aire libre y práctica deportiva se permitirá en los espacios públicos sin restricción de horarios con uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento físico y medidas de bioseguridad.

Las empresas y establecimientos de comercio que inicien las actividades descritas podrán reactivar su operación siempre que cumplan con el requisito de inscripción en la plataforma bogota.gov.co/reactivacion-economica.

En Bogotá se mantendrá la medida de pico y cédula para el ingreso a cualquier establecimiento a realizar actividades como la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y por mayor, servicios financieros y notariales, atención en entidades públicas excepto salud, farmacia y servicios funerarios: en los días impares no podrán acceder a dichos establecimientos las personas cuya cédula termine en impar y los días pares respectivamente no ingresarán las personas de cédula finalizada en par.

En cuanto a las medidas de bioseguridad todas las empresas deberán exigir el uso obligatorio de tapabocas que cubra nariz y boca, el distanciamiento físico de dos metros entre personas, medidas de higiene, deberán prohibir el ingreso del trabajador que esté en aislamiento domiciliario o con síntomas del Covid-19 y reportar en la plataforma bogota.gov.co/reactivacion-economica sí algún trabajador presenta síntomas del  Covid-19, tales como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, entre otros.

Conclusiones y recomendaciones.

  1. El Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 excluyó expresamente tres actividades económicas a realizar en el territorio nacional: a) Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas; b) Bares, discotecas y lugares de baile y; c) Consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.
  2. El resto de las actividades se encuentran permitidas siempre que no se emitan nuevas restricciones por el Ministerio de Salud y del Interior en cada municipio en particular.
  3. En el caso de Bogotá el Decreto 193 del 26 de agosto de 2020 estableció un periodo transitorio de nueva realidad, en el cual se permiten las actividades económicas señaladas con algunas restricciones horarias.
  4. Las empresas que inicien actividad tienen la obligación de registrarse en la plataforma bogota.gov.co/reactivacion-economica, y reportar en este cualquier posible caso de contagio de Covid-19.
  5. Las medidas de protocolos de bioseguridad se mantienen para todas las empresas del territorio nacional: suministro de elementos personales de protección, tapabocas, desinfección, higiene, distanciamiento físico.
  6. En Bogotá se mantiene la restricción de pico y cédula para el ingreso a cualquier establecimiento a realizar adquisición y pago de bienes y servicios, compra de productos al detal o por mayor, servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades públicas, salvo servicios de salud, farmacia y servicios funerarios.
  7. Si un trabajador presenta síntomas del Covid-19 la empresa deberá reportarlo en la plataforma bogota.gov.co/reactivacion-economica y enviarlo inmediatamente a aislamiento preventivo.
  8. Tanto el Decreto 1168 y 193 de 2020 priorizan el trabajo en casa, motivo por el cual recomendamos a las empresas mantener la medida, siempre que la presencia de los trabajadores no sea indispensable en la sede de trabajo.
  9. En caso de que algún trabajador incumpla las medidas de protocolos de bioseguridad, la empresa podrá iniciar un proceso disciplinario y podrá imponer sanciones disciplinarias dependiendo de la gravedad de los hechos.
  10. Es viable mantener la suspensión del contrato de trabajo de algunas áreas de las empresas, debido a la progresividad de la reactivación de actividades. Sin embargo, cada empresa deberá verificar la viabilidad de reactivar los contratos de trabajo. Igualmente, podrán mantener los pactos de disminución de salarios.
  11. No es obligación de las empresas reportar al Ministerio del Trabajo el levantamiento de las medidas de suspensión de contratos de trabajo, porque no está contemplado en la ley.

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Autor: Néstor Julián Sacipa.
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Fecha de publicación: Septiembre 03 del 2020.

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¿Culpa patronal por enfermedad del Covid-19?

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Al inicio de la pandemia del Covid19 se generaron varios interrogantes en materia de seguridad en el trabajo, en particular respecto al concepto de la culpa patronal o la eventual responsabilidad que pudiera tener el empleador en un contagio de sus trabajadores.

La culpa patronal se encuentra prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual “Cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios…” Esta figura de culpa patronal debe analizarse a la luz de la definición de enfermedad laboral consagrada en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 que estipula que “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.”

En ese sentido el problema a resolver será determinar en qué eventos podrá existir una culpa suficientemente comprobada que demuestre la ocurrencia del contagio del Covid-19 como enfermedad laboral. Este análisis se realiza sobre la base de tres pilares que deben concurrir para la declaratoria del incumplimiento:

1. Determinación de la enfermedad como laboral: Debemos advertir que a la fecha la única norma que estipula expresamente el Covid-19 como una enfermedad de origen laboral es el Decreto 676 de 2020 dirigido al personal del sector salud, incluyendo personal administrativo, de aseo, vigilancia y apoyo del sector. En principio solo frente a este personal se estructura de manera directa el Covid-19 como laboral, sin embargo, esto no obsta para que en cualquier otra industria pueda llegar a determinarse como laboral, cuando esté debidamente comprobado que el contagio se originó por la exposición a factores de riesgo inherentes al cargo o función desarrollada por el trabajador.

2. Existencia de una culpa debidamente comprobada: En reiteradas ocasiones la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que debe determinarse con claridad un incumplimiento del empleador, bien sea por acción o por omisión, respecto de la normatividad relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo. En tal caso toda actuación caprichosa de desatención a la referida normatividad podrá entenderse como una actuación culposa de parte del empleador.

3. Nexo causal entre el hecho culposo y el daño: Finalmente, debe existir una correlación de causa y efecto entre la actuación de inobservancia normativa por parte del empleador y, en este caso, el contagio.

Las regulaciones frente a la responsabilidad del empleador frente a su trabajador indican que este tiene la obligación de actuar como un buen padre de familia, frente a lo cual la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “no es una conducta apropiada la de aquel padre de familia que simplemente espera a que se accidenten sus hijos, para tomar los correctivos del caso, así ello ocurra con regularidad en lo cotidiano.” (C.S.J. SL. Rad 35097 de 2012). Así las cosas, la valoración de la culpa del empleador se realiza sobre su presunto comportamiento negligente, descuidado o imprudente. Por esta razón, en materia laboral se sostiene que uno de los parámetros más importantes de calificación de la culpa patronal es el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.

En ese orden de ideas, aun cuando no es automática la estructuración de una responsabilidad por culpa patronal y siempre estará sujeta a la determinación del juez dentro de un pleito laboral, es recomendable que todo empleador preste especial atención a lo siguiente y deje evidencia documental al respecto:

a. Adaptar al 100% las medidas de bioseguridad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la empresa particular.

b. Implementar las medidas y protocolos de bioseguridad en compañía permanente de la ARL.

c. Realizar una matriz de evaluación de riesgos conforme lo estipula la norma técnica colombiana NTC 4116: seleccione el cargo u ocupación, realice un inventario de tareas para cada cargo, seleccione la tarea crítica en función de la exposición al riesgo, establezca procedimientos y prácticas que minimicen el riesgo de contagio, e implemente el programa de medidas de bioseguridad.

d. Elabore capacitaciones y/o ejercicios de divulgación de información de todas las medidas de bioseguridad y la etiqueta respiratoria a través de videos interactivos, piezas publicitarias a los colaboradores y correos electrónicos a los mails corporativos.

e. Registre todas las entregas de los suministros de los elementos de protección personal, tales como: tapabocas, guantes, monogafas, jabones de manos, etc., dependiendo de la labor ejecutada.

f. No olvide desinfectar todas las áreas y que el registro del lavado quede registrado en el historial del personal de servicios sanitarios.

g. En caso de que un trabajador tenga síntomas del Covid-19 ordenar su aislamiento y reportarlo inmediatamente a la EPS y a la ARL, solicitando al trabajador dirigirse a su IPS para iniciar el procedimiento.

h. Respetar y documentar todos los lineamientos generales previstos en la Resolución No. 666 de 2020.

En conclusión, el empleador tendrá que redoblar sus esfuerzos para dar a conocer, promover, divulgar y cumplir a cabalidad con las obligaciones de protección y seguridad de todos sus trabajadores, así como identificar y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo para proveedores y contratistas con el fin de minimizar el riesgo de contagio.

De igual forma, los trabajadores no deben olvidar que dentro de sus obligaciones especiales se encuentra la observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales. En caso de desatender los protocolos y medidas de seguridad en el trabajo por parte de los trabajadores se podría configurar una causa objetiva para terminar el contrato el contrato, pues sin duda puede llegar a ser una falta grave.

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Autor: Nestor Julian Sácipa.
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Fecha de publicación: Julio 03 del 2020.

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Término del pago de la liquidación del contrato de trabajo

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El legislador no estableció un término para el pago de la liquidación del contrato de trabajo, sin embargo, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala que los empleadores que omitan pagar las prestaciones y salarios al momento de finalización del vínculo laboral deberán pagar una indemnización moratoria. Así las cosas, la falta de determinación del plazo razonable permite interpretar de distintas formas cuál es el límite para pagar la liquidación del contrato de trabajo, lo que genera inseguridad jurídica en las empresas y aumenta los riesgos litigiosos.

En ese sentido, resulta necesario integrar la disposición normativa con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, para determinar una fórmula legal que establezca un término prudencial para el pago y que disminuya las contingencias de las empresas frente a la indemnización moratoria.

• Introducción

En mi experiencia en litigio, encuentro que uno de los puntos más comunes en debates judiciales, es el término en el cuál debe realizarse el pago de acreencias laborales. De hecho, nuestros clientes presentan una inquietud constante: ¿existe plazo legal para pagar la liquidación del contrato de trabajo?

Para responder el interrogante, resulta necesario hacer una integración normativa e interpretativa de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Una vez realizado este análisis, podemos concluir que el plazo para que el empleador pague la liquidación, se inicia a partir del día en que finaliza el contrato de trabajo. Y a partir de ahí, corre un término máximo de lo “razonable” y “prudencial” reconocido en distintos pronunciamientos jurisprudenciales.

Se debe advertir, como primera medida, que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no estableció expresamente un término para el pago de las liquidaciones finales de acreencias laborales de los trabajadores del sector privado. Sin embargo, de la misma norma se extrae que los empleadores que omitan pagar las prestaciones sociales y salarios al momento de la terminación del contrato estarán en la obligación de pagar un día de salario por cada día de retardo, lo que se conoce como la indemnización moratoria o “salarios caídos”.

Así las cosas, el riesgo del no pago de la liquidación del contrato al momento de la terminación del vínculo laboral se traduce en la contingencia del pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que, como se trata de una especie de “sanción” o “castigo” para el empleador incumplido, es necesario que medie mala fe de su parte en la mora del pago de las prestaciones sociales o salarios pendientes a la fecha de la terminación del contrato de trabajo.

De manera reciente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia SL 194-2019 del 23 de enero de 2019, Magistrada Ponente Clara Cecilia Dueñas, reiteró que la sanción moratoria regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado es de naturaleza sancionatoria, de modo que para su imposición el juzgador debe analizar el comportamiento del empleador a fin de establecer si actuó de mala fe, pues solo la presencia de este último elemento abre paso al castigo, que se traduce en el pago de la indemnización moratoria del artículo 65.

Si la empresa logra demostrar que, por motivos plenamente excusables de fuerza mayor o caso fortuito, no pagó las prestaciones sociales o los salarios pendientes no tendrá que pagar la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. En este punto, es necesario advertir que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL- 32416 del 21 de septiembre de 2010, sostuvo que el empleador es quien debe asumir la carga de probar que obró sin intención fraudulenta o de mala fe, a pesar de que de las normas que regulan la sanción moratoria no es dable extraer una presunción de mala fe en contra del empleador.

Y es que la falta de determinación del plazo razonable permite interpretar de distintas formas cuál es el límite para pagar la liquidación del contrato de trabajo, sin que se configure la indemnización moratoria del artículo 65.

A nuestro criterio, lo ideal y recomendable es que el pago de la liquidación se realice inmediatamente en la fecha de terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, la empresa cuenta con el término prudencial que se refleja en el ciclo de nómina siguiente al momento de la terminación del vínculo, teniendo en cuenta que el corte de nómina es la fecha en la que normalmente el trabajador recibe su remuneración en vigencia del contrato.

Ahora, si la empresa logra acreditar que no pagó la liquidación, por circunstancias ajenas a un actuar desleal o deshonesto, consideramos que será posible pagar las acreencias en el ciclo de nómina siguiente. En todo caso, lo recomendable es que no pasen más de treinta días calendario entre la finalización y el momento del pago.

Finalmente, la situación de crisis de la empresa, esta tiene la obligación de pagar la indemnización a sus trabajadores sin retardo. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 3605 del 29 de agosto de 2018, Magistrada Ponente Jimena Godoy, recordó que la “… iliquidez o crisis económica de la empresa no excluye en principio la indemnización moratoria.” En ese orden de ideas, el empleador cuando enfrenta una crisis económica se puede excusar del pago de la indemnización del artículo 65, siempre que se demuestre que fue provocada por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

• Conclusión.

Conforme a lo antes señalado, y a los escenarios legales y de interpretación, encontramos una buena fórmula para determinar el plazo máximo razonable para pagar la liquidación del contrato de trabajo, sin que se configure la indemnización moratoria del artículo 65 es de 30 días, esto es que no se exceda el pago del ciclo de nómina siguiente al momento de la fecha de terminación del contrato de trabajo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el extrabajador no se va ver afectado ya que los cortes de nómina son los momentos en los que normalmente los trabajadores reciben los salarios en vigencia del contrato.

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Autor: Nestor Julian Sácipa.
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Fecha de publicación: Febrero 27 del 2020.

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Aspectos para tener en cuenta en el proceso de cobro por omisión de aportes ante Colpensiones

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¿Ha recibido en los últimos días una comunicación de parte de Colpensiones en donde invita a su empresa a iniciar el proceso de depuración de las deudas reales y presuntas por omisión en el pago de aportes? En este artículo hacemos una aproximación a este engorroso trámite y establecemos algunos consejos prácticos a tener en cuenta.

En términos generales el proceso que adelanta Colpensiones se desarrolla en tres etapas: i. Determinación de la Obligación, ii. Cobro Persuasivo y iii. Cobro Coactivo Administrativo. Veamos:

La determinación de la obligación es una actuación administrativa, en virtud de la cual Colpensiones determina la existencia de obligaciones adeudadas por concepto de bonos pensionales, cálculos actuariales, cuotas partes pensionales, devolución de aportes de la Ley 549 de 1999 y títulos pensionales. La determinación de la deuda puede originarse por la omisión en el pago de aportes pensionales de afiliados a Colpensiones, errores en la información declarada o por omisión en el reporte de novedades de retiro que impiden establecer la terminación de la relación laboral. En ese sentido existen distintos tipos de deuda presunta por omisión, que Colpensiones clasifica de la siguiente manera:

  1. Omisión por retiros retroactivos: Tiene lugar cuando las empresas no reportan la novedad de retiro de los trabajadores
  2. Omisión por error a un Fondo: Se genera por ciclos que debía pagar a COLPENSIONES pero fueron cotizados a un Fondo Privado.
  3. Omisión-medios magnéticos o pagos sin detalles: Desde el año 1995 hasta 2007 las empresas realizaban la autoliquidación de aportes a través de los operadores PILA, lo cual debía hacerse a través de planillas físicas. Es por esto, que la mayoría de los requerimientos se hacen por los mencionados períodos, en cuanto no hay registro de pagos por aportes.

En este momento procesal la Entidad requerirá al deudor para que cancele la obligación adeudada conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994. Así las cosas, el deudor podrá manifestar objeción dentro de los 15 días siguientes al requerimiento. Por lo tanto, si el deudor no cancela la obligación ni manifiesta la objeción, o ésta fue resuelta de forma negativa, se procederá a expedir la liquidación certificada de deuda.

La liquidación certificada de deuda es un acto administrativo que contiene una obligación clara, expresa y exigible a favor de la Entidad, cuyo fundamento normativo se encuentra en el artículo 99 del CPACA en concordancia con el artículo 24 de la Ley 100 de 1994 según el cual:

“Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado prestará mérito ejecutivo.

La liquidación certificada de deuda debe ser notificada personalmente, de conformidad con el artículo 68 del CPACA, y en caso de no comparecer dentro del término de cinco (5) días hábiles contados desde el recibo de la citación personal, se procederá a efectuar la notificación por correo, cuando no se logra la notificación personal. En este punto se recomienda a las compañías aportantes revisar con detalle la dirección de notificación electrónica y física para verificar que la citación se haga en debida forma.

En contra de la liquidación certificada de deuda procede únicamente el recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto administrativo, con el fin de aclarar, modificar o revocar el mismo. En el recurso se podrán solicitar y aportar pruebas que se pretenden hacer valer. En este punto es recomendable aportar soportes de las novedades de retiro y pruebas suficientes que garanticen la veracidad de la marcación en el portal web de la Entidad.

Colpensiones resuelve el recurso de reposición, mediante un nuevo acto administrativo, en virtud del cual podrá aclarar, modificar o revocar el acto administrativo de liquidación de certificación de deuda. Contra la Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa, lo que implica que se podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto administrativo, so pena de surtir el fenómeno de la caducidad del medio de control.

En firme el acto administrativo de liquidación certificada de deuda, Colpensiones procede a abrir la etapa del cobro persuasivo, que consiste en obtener el pago total de forma voluntaria de las obligaciones adeudadas (capital e intereses). Esto en cumplimiento de la Resolución 2082 de 2016 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), mediante la cual estableció los estándares de cobro que debe cumplir Colpensiones.

En la práctica Colpensiones envía al destinatario un requerimiento para que en el término de cinco (5) días posteriores al recibo de la comunicación cancele la deuda por concepto de aportes pensionales. Este término puede ser susceptible de ampliación siempre que el deudor solicite un término adicional para depurar la deuda en la página web de la entidad.

La no atención del requerimiento del pago voluntario y/o depuración faculta a la entidad a iniciar acciones de cobro coactivo con el decreto de medidas cautelares, tales como el embargo de los bienes muebles e inmuebles que posea el deudor.

Recomendación:

La recomendación a nuestros clientes es verificar el estado de la deuda en Colpensiones para proceder a acudir ante la jurisdicción contenciosa, siempre que no haya caducado el medio de control, y solicitar un plazo de ampliación para la depuración de la deuda, toda vez que la experiencia nos demuestra que un alto porcentaje de la deuda presunta es depurable mediante el sistema electrónico de la entidad, probando el retiro de los trabajadores y los pagos en la planilla para los períodos correspondientes. Además, es fundamental detener el proceso de cobro coactivo y así evitar la práctica de medidas cautelares.

En cualquier etapa del proceso de cobro persuasivo se puede presentar el pago total de la obligación o la demostración de la inexistencia de esta, eventos en los que se dará por terminado el cobro persuasivo y se dispondrá el archivo del expediente.

Sin perjuicio de lo anterior Colpensiones tiene facultades de adelantar procesos de cobro coactivo, el cual está contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, dispuesto como una facultad para el cobro de acreencias a favor de entidades públicas, sin necesidad de acudir a la jurisdicción voluntaria.

Ahora bien, previo a la descripción de proceso de cobro coactivo es fundamental resaltar que Colpensiones podrá decretar medidas cautelares antes de librar el mandamiento de pago, o en cualquier momento del proceso. Razón por la cual, lo recomendable es solicitar nuevas prórrogas para la depuración de la deuda, y así procurar evitar la práctica del embargo o secuestro de bienes, aclarando que ello no garantiza plenamente el resultado limitante frente a dichas medidas cautelares.
El cobro coactivo inicia con el mandamiento de pago u orden de pago para que el ejecutado cancele la suma adeudad con los intereses que se causen desde cuando se hicieron exigibles. El mandamiento de pago debe ser notificado de manera personal y en caso de no surtirse se procederá a la notificación electrónica en los términos del CPACA. En este punto el deudor cuenta con excepciones al mandamiento de pago, las cuales están consagradas taxativamente en el artículo 831 del Estatuto Tributario, por lo que no es posible presentar otras diferentes a las señaladas a continuación:

  1. El pago efectivo, o compensación.
  2. La existencia de acuerdo de pago.
  3. La falta de ejecutoria del título.
  4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional de acto administrativo, hecha por autoridad competente.
  5. La interposición de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosos administrativa.
  6. La prescripción de la acción de cobro.
  7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que la profirió.

Las excepciones se resuelven mediante un acto administrativo que debe ser motivado, dentro del cual Colpensiones podrá declarar probadas total o parcialmente las mismas, u ordenará seguir adelante con la ejecución, embargo, secuestro, avalúo y remates de los bienes de deudor, respecto de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago. En contra de la resolución que resuelve las excepciones procede recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el artículo 834 del Estatuto Tributario, el cual se decidirá mediante otro acto administrativo.

De esta manera, si vencido el término para excepcionar el deudor no propone excepciones o no cancela la obligación, se expedirá resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, con fundamento en el artículo 836 del Estatuto Tributario. En el acto administrativo se ordenará el avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados, al igual que se practicará la liquidación del crédito, en contra de la cual no procede recurso alguno, sin perjuicio de traslado de tres días que tiene el ejecutado para formular las objeciones sobre la liquidación.

Por último, hemos observado como en el transcurso del año 2019 han aumentado los requerimientos hechos por Colpensiones a las empresas, solicitando los soportes de los aportes realizados en períodos de hace más de dos décadas, razón por la cual recomendamos a nuestros clientes reunir la información de aportes al sistema de seguridad social de manera previa, y así evitar contratiempos al momento de probar el cumplimiento de las normas.

Además, recomendamos que este tipo de requerimientos se manejen directamente con el área jurídica y de recursos humanos de la Compañía, puesto que es un trabajo conjunto de manejo del proceso propiamente administrativo y del área de nómina.

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Autor: Nestor Julián Sácipa.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Enero 15 del 2020.

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