Juan Esteban Amador Sánchez

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¿Ya aplicó a los beneficios tributarios por contratación de doctores?

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La Ley 1951 de 2019 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencia), dentro del cual se encuentra el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, este organismo define los criterios, condiciones e instrumentos para acceder a los beneficios tributarios dispuestos por la entidad.

Mediante el Acuerdo 26 de 2020 se aprobaron cuatro nuevas convocatorias para acceder a algunos beneficios tributarios dentro de los cuales se encuentran aquellos por vinculación de personal con título de doctorado en las empresas.

El estatuto tributario dispone que las empresas tendrán derecho a una deducción del 100% de la remuneración del personal con doctorado que desarrolle funciones de investigación, desarrollo e innovación, y un cupo de descuento del 25% de la misma.

Las MIPYMES que vinculen profesionales con título de doctorado que desarrollen funciones de investigación, desarrollo e innovación podrán acceder a un crédito fiscal por el 50% del valor de la remuneración pagada a este personal en la vigencia fiscal correspondiente.

La normativa nos brinda la siguiente definición para cada una de las actividades que estos profesionales pueden realizar para ser tenidos en cuenta dentro del cálculo del beneficio:

  • Investigación: se refiere a una indagación original y planeada que busca descubrir nuevos conocimientos y ampliar su compresión en los ámbitos científico, tecnológico y social.
  • Desarrollo: corresponde a la aplicación y/o la mejora sustancial de los resultados de investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento, para la fabricación de nuevos materiales, productos o procesos.
  • Innovación: es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto, bien o proceso, como lo estable la NTC 5800 “Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Terminología y Definiciones de las Actividades de I+D+i”

La Resolución 753 de 2021 del MinCiencia ordenó la apertura de ventanilla abierta para la presentación de solicitudes para acceder a beneficios tributarios por la vinculación de personal con título de doctorado a empresas, estableciendo las siguientes condiciones generales:

  • Teniendo en cuenta que los beneficios se aplican sobre el impuesto de renta, la empresa deberá ser declarante del impuesto de renta y complementarios.
  • La vinculación de los trabajadores con doctorado debe ser posterior al 25 de mayo de 2019, debe tratarse de un título de doctorado valido en Colombia y que desarrollen actividades de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación.
  • El personal debe estar vinculado mediante un contrato de trabajo y desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación.
  • Con corte al 25 de mayo de 2019 se establecerá la “línea base” definida como el número de doctores vinculados en la mencionada fecha, el beneficio será aplicado al personal adicional a la línea base, es decir, si para el 25 de mayo de 2019 la empresa tenía contratados 5 doctores, podrá acceder al beneficio sobre la remuneración del sexto doctor en adelante.

La resolución dispuso los siguientes requisitos para acceder a la ventanilla abierta:

  • Entregar un listado de profesionales con título de doctorado al 25 de mayo de 2019 para establecer la línea base, estas personas deben contar con su hoja de vida actualizada en la plataforma CvLAC y copia del diploma y acta grado del título de doctorado y los documentos que aprueben su convalidación en Colombia cuando se trate de títulos obtenidos en el extranjero.
  • Diligenciar la “Carta de presentación para acceder a beneficios tributarios por vinculación de personal con título de doctorado a empresas”, esta carta debe ir firmada por el representante legal de la compañía.
  • Aportar los documentos que soporten la vinculación laboral entre la compañía y los profesionales con título de doctorado, en los cuales se debe identificar el objeto del contrato y el tiempo de duración de esta (requisitos generales de un contrato de trabajo)
  • Diligenciar el formulario en línea, registrando la totalidad de la información solicitada para que el MinCiencia realice la revisión de requisitos.

La ventanilla se encuentra abierta de forma permanente, sin embargo, recordamos que la postulación de la vigencia 2022 inició el pasado 01 de octubre de 2021 y cerrará el 30 de septiembre de 2022, para el año 2023 iniciará el primer día hábil del mes de octubre de la presente anualidad y finalizará el último día hábil de septiembre del 2023, y así sucesivamente.

Los invitamos a validar el número de doctores vinculados al 25 de mayo de 2019 y si el mismo ha crecido presentar la postulación, de no ser así, podrían evaluar la viabilidad financiera de vincular personal con estudios finalizados de doctorado que puedan contribuir a obtener los beneficios tributarios descritos.

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Autor: Juan Esteban Amador Sánchez.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Agosto 1 de 2022.

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Corte suprema recordó reglas de reconocimiento de incapacidades superiores a 540 días

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El pasado 02 de febrero de 2022, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de Tutela STL1410 Rad. 96163 M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que ordenó a un Fondo de Pensiones cancelar las incapacidades dejadas de pagar a una afiliada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% hasta que adquiera la pensión de vejez o de invalidez.

La accionante se encuentra afiliada en calidad de dependiente desde enero de 2015, el 10 de febrero de la misma anualidad sufrió una aneurisma cerebral, desde entonces, esta situación le ha impedido prestar sus servicios a la compañía, por lo que su EPS le prescribió incapacidades continuas desde la mencionada fecha hasta el 30 de diciembre de 2016.

La trabajadora fue calificada por su EPS con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente a un 72.46%, a pesar de que con posterioridad a octubre de 2016 su vínculo laboral se mantuvo vigente, únicamente percibió las cotizaciones del sistema integral de seguridad social sin recibir salarios debido a la suscripción de una licencia no remunerada, puesto que tampoco le era posible prestar sus servicios a la empresa.

Teniendo en cuenta su ausencia de ingresos, la trabajadora decidió interponer una acción de tutela contra el Fondo de Pensiones para el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, sin embargo, la acción fue negada por el juez constitucional puesto que no satisfacía el requisito de subsidiariedad, toda vez que podía acudir a la jurisdicción laboral como juez natural de este tipo de pretensiones.

Tras acudir al juez laboral correspondiente, su audiencia de trámite y juzgamiento fue programada para el 1° de febrero de 2023 por lo que interpuso acción de tutela contra su empleador, EPS, IPS, AFP y el juzgado que conoció del proceso ordinario laboral para el reconocimiento y pago de las incapacidades dejadas de percibir desde 2016, tal acción dio origen al mencionado fallo señalado en la primera parte de este escrito.

Durante el debate probatorio se estableció que la empleadora no le pagó las incapacidades argumentando que se trataba de una obligación a cargo de las entidades de seguridad social; por su parte, la EPS argumentó que era la AFP quien debía reconocer las prestaciones económicas pues no tiene posibilidad de recuperación, afirmación a la cual se opuso la AFP indicando que después del día 540 de incapacidades continúas la EPS es la encargada de pagar este subsidio.

La Corte indicó que esta acción es ideal para solicitar el reconocimiento y pago de incapacidades laborales cuando se vean afectados derechos fundamentales del trabajador, como por ejemplo el mínimo vital, la subsistencia propia y la familiar.

Con relación al debate sobre la entidad encargada de pagar las incapacidades de la trabajadora, la Corte Suprema de Justicia recordó la definición constitucional que prescribe que cuando se otorgan más de 540 días continuos de incapacidad, no hay concepto favorable de rehabilitación y se ha diagnosticado una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, le corresponde a la AFP asumir el pago del auxilio, a diferencia de lo que dispone la ley 1753 del 2015 en donde se establece que las incapacidades superiores a 540 son asumidas por la EPS cuando hay dictamen favorable de rehabilitación.

En el caso concreto estudiado, la trabajadora contaba con un concepto desfavorable de rehabilitación a tal punto que su pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, por lo que la Corte Suprema consideró que es necesario retomar la línea de la Corte Constitucional previa a la expedición Decreto 1333 de 2018 y de tal forma ordenar el reconocimiento en cabeza del Fondo de Pensiones.

Es importante aclarar que el fallo no desconoce la normativa actual relacionada con el reconocimiento y pago de incapacidades. Por el contrario, satisface las necesidades existentes de una ausencia de regulación sobre el particular ante las diferentes situaciones prácticas que pueden llegar a presentarse, permitiendo que posiblemente en el futuro los afiliados al sistema general de seguridad social no deban librar largas batallas judiciales que perpetúen la afectación sobre los derechos fundamentales. (Para la fecha de la sentencia estudiada, la trabajadora completó más de cinco años sin recibir ingresos).

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Autor: Juan Esteban Amador Sánchez.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: mayo 25 de 2022.

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