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Aspectos principales del proyecto de reforma tributaria 2022

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Scola Abogados comparte con ustedes un artículo analizando la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional y radicada ante el congreso por el Ministerio de Hacienda bajo el proyecto de ley No. 118 de 2022 (Cámara).

Reformas al Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Personas Naturales.

I. El artículo 1° de la reforma propone modificar el 206 del actual estatuto tributario que regula las rentas de origen laboral y pensional que se encuentran exentas, así:

  1. Modificando el numeral 5 se pretende reducir el valor de las rentas exentas que tengan su origen en mesadas pensionales hasta por un valor anual máximo de 1790 UVT, el cual a la fecha estaba fijado en 1.000 UVT mensuales para un total de 12.000 UVT anuales. El mismo tratamiento aplica a los contribuyentes que reclamen indemnización sustitutiva cuyo límite exento estará en el equivalente a 1790 UVT.
    Finalmente, también se propone modificar el parágrafo tercero referido al numeral 5 indicando que esta exención aplica también para cualquier ingreso pensional que obtenga el contribuyente del exterior o en organismos multilaterales.
  2. Al numeral 10° mantiene el porcentaje del ingreso laboral del trabajador exento de renta, es decir del 25%, pero se restringe su tope máximo fijando un límite anual de 790 UVT, equivalente a tan solo un 27,43% del valor total anual de renta exenta vigente, comparado con el mensual establecido de 240 UVT y anual de 2880 UVT.

II. Modificando el artículo 242 del Estatuto Tributario se modifican los dividendos y participaciones, no constitutivos de renta o ganancia ocasional en los términos del numeral 3 del artículo 49, pagados a personas naturales con residencia fiscal en Colombia a los que ya no les será aplicable tarifa del 10%, sino la tarifa marginal de la base gravable del impuesto de renta establecida en el artículo 241 del Estatuto Tributario a saber:

Desde Hasta Tarifa Marginal
0 UVT 1090 UVT 0%
>1090 UVT 1700 UVT 19%
>1700 UVT 4100 UVT 28%
>4100 UVT 8670 UVT 33%
>8670 UVT 18970 UVT 35%
>18970 UVT 31000 UVT 37%
>31000 UVT En adelante 39%

También aplicará retención en la fuente del 20% a los pagos brutos por concepto de dividendos o participaciones de accionistas. Sin perjuicio, por no haber sido objeto de reforma, de lo establecido en el artículo 242-1 del estatuto tributario para le retención en la fuente de dividendos pagados a sociedades nacionales no constitutivas de renta ni ganancia ocasional.

III. Con la modificación del artículo 245 del Estatuto tributario se pretende modificar la tarifa especial para el impuesto a la renta por dividendos o participaciones que reciban sociedades, sucesiones y entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, de modo que esta pasaría del 10% actual al 20% de prosperar la reforma.

IV. Con la modificación del artículo 331 del estatuto tributario se pretende la unificación de las cédulas para la determinación de la base gravable de la renta de tal forma que se sumarán para su determinación los siguientes:

  1. Rentas de trabajo.
  2. Rentas de Capital.
  3. Rentas no Laborales.
  4. Rentas de Pensiones.
  5. Rentas de Dividendos y Participaciones.
  6. Ganancia Ocasional.

V. La reforma pretende la modificación del artículo 336 del Estatuto Tributario, de tal forma que para la determinación de la renta liquida gravable de la cédula general las exenciones y deducciones mantenga límite proporcional en el 40%, pero restringiendo el tope máximo anual de 5.040 UVT a uno de apenas 1.210 UVT anuales.

VI. Con la reforma se pretende adicionar artículo 336-1 que autoriza a la DIAN para estimar límites máximos de carácter indicativo de costos y gastos deducibles a la renta de personas naturales, de tal forma que cualquier contribuyente que tenga deducciones superiores debe reportarlo a la DIAN.

Renta de Personas Jurídicas.

I. Con la modificación del artículo 240 del Estatuto Tributario la reforma mantiene la tarifa general para la renta en un 35%, pero introduciendo los siguientes cambios al régimen de tributación de renta de las personas jurídicas:

  1. La sobretasa establecida a cargo de las entidades financieras por el actual parágrafo noveno del artículo 240 pasa a ser una carga permanente para este tipo de organizaciones y no una medida temporal. En ese sentido, estas entidades deberán contribuir con el pago de 3 puntos adicionales sobre la tarifa general del impuesto sobre la renta, siempre que su renta igual o superior a 120.000 UVT.
  2. Se deroga la tarifa especial del 2% del impuesto de la renta que provengan del servicio de transporte marítimo internacional.
  3. Se deroga la tarifa especial de impuesto de renta del 9% establecida para las sociedades que desarrollan servicios de hotelería, ecoturismo, parques temáticos, agroturismo, transporte fluvial, asistencia al turista adulto mayor y grandes inversiones de vivienda.
  4. Se deroga la tarifa especial del impuesto sobre la renta del 9% aplicable a las empresas editoriales constituidas en Colombia con objeto social exclusivo sea la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural.

II. La reforma también incorpora modificación al artículo 240-1 a través de la cual se establecen requisitos a acreditar por las personas jurídicas que sean usuarios de zonas francas para acceder a tarifa especial del 20% del impuesto de renta. Es por ello, que las personas jurídicas que sean usuarias de zona franca deberán contar con un Plan de Internacionalización aprobado al 01 de enero del correspondiente año gravable y cumplir con el umbral mínimo de exportaciones que establezca el Gobierno Nacional.

Esta modificación contempla régimen de transición otorgando el plazo de 1 año a las empresas usuarias de zonas francas.

III. La reforma incorpora entre sus modificaciones al Estatuto tributario la adición del artículo 259-1 a través de la cual establece límite del 3% sobre la renta anual liquida ordinaria para los beneficios e incentivos tributarios que se listan a continuación:

  1. Incentivo de Capitalización Rural.
  2. Deducciones por Contribución a Educación de Empleados.
  3. Deducción por donaciones efectuadas a la corporación general Gustavo Matamoros D’Acosta.
  4. Deducción por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
  5. Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
  6. Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.
  7. Descuentos de Becas por Impuestos.
  8. Descuento por financiación de estudios de educación superior en el exterior de sus trabajadores.
  9. Estímulo a la conservación y mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación.
  10. Estímulo para el proceso de capitalización empresarial por participación de trabajadores, renta no gravada por utilidades de estas participaciones.
  11. Deducción a la renta el 200% del valor salarios y prestaciones sociales pagadas a trabajadoras víctimas de violencia comprobada.
  12. Deducción por inversiones en proyectos de escenarios habilitados nuevos en ya existentes destinados a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas.

IV. La reforma pretende introducir cambio al artículo 115 del Estatuto Tributario a través del cual se dejará de considerar como descuento tributario del impuesto sobre la renta en un 50% de su valor. El 50% del impuesto de industria y comercio deja de ser considerado como descuento tributario contra el impuesto sobre la renta. Por su parte, los gravámenes a los impuestos financieros se deducirán en un 50% los efectivamente pagado por los contribuyentes.

V. El Artículo 69 del proyecto de reforma tributaria deroga los siguientes artículos que impactan en la renta para las personas jurídicas:

  1. El artículo 36-3 que establecía las siguientes operaciones como no constitutivas de renta o ganancia ocasional:
    • A la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social.
    • El traslado de utilidades a la cuenta de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio.
    • La prima de colocación de acciones.
    • La reserva de que trata el artículo 130 son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional.
    • Para las sociedades que cotizan en bolsa de valores la distribución en acciones o la capitalización de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional conforme con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributarios.
  2. Los incisos 2 y 4 del artículo 36-1 que permitían que la enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valores sin que dicha operación constituya base para la renta ni ganancia ocasional.

VI. La reforma tributaria también pretende a través de su artículo 69 la derogatoria del artículo 268 de la ley 1955 de 2019, el cual confería beneficio tributario consistente en renta del 0% por 5 años y del 50% del valor de la tarifa por los siguientes 5 años para quienes se acogieran a la Zona Económica y Social Especial (ZESE).

VII. El artículo 69 del proyecto de reforma tributaria también derogaría los siguientes beneficios tributarios de renta exenta con la derogatoria de los numerales 1, 2, 6, 8 y los literales a), b), c) y d) del numeral del artículo 235-2:

  1. El reconocido para las empresas de economía naranja.
  2. Otorgados para el desarrollo del campo colombiano.
  3. Incentivo al transporte fluvial.
  4. Creaciones literarias de economía naranja.
  5. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.
  6. Utilidad obtenida de enajenar predios destinados al desarrollo de viviendas de interés social y/o prioritario.
  7. Utilidad obtenida de la primera enajenación de viviendas interés social y/o prioritario.
  8. Utilidad de la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana.
  9. Los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que trata la presente ley, siempre que el plazo previsto para su vencimiento no sea inferior a cinco (5) años.

Reformas Relevantes para Inversionistas Extranjeros

I. Se pretende modificar el artículo 12-1 del Estatuto Tributario que establece la definición de Sede Efectiva de Administración (SEA) con miras a dificultar a los contribuyentes modificar la residencia fiscal, así:

    • La SEA ya no requiere que sea donde se tomen decisiones de gestión decisivas, solo las necesarias para la actividad de la sociedad o entidad tampoco como un todo, sino en el día a día.
    • Finalmente, se eliminó referencia a los altos ejecutivos y a la alta gerencia de la sociedad o entidad como elemento a tener en cuenta para determinar la SEA, por lo que ahora solo se tendría en cuenta el lugar donde los administradores desarrollan sus funciones y la sociedad opera diariamente.

II. En forma semejante la reforma tributaria pretende modificar la definición que hace el Estatuto Tributario en su artículo 20-2 de la tributación de no residentes en el país por renta y complementarios. En ese sentido, la reforma incorpora el concepto de “Presencia económica significativa” como un hecho que genera la obligación de tributar renta al inversionista extranjero igual a contar con un establecimiento permanente o una sucursal en Colombia.

La definición de “Presencia económica significativa” la introduce la reforma con la adición al Estatuto Tributario del artículo 20-3, estableciendo los siguientes elementos para que exista “Presencia económica significativa”:

  1. Interacción deliberada y sistemática con 300.000 o más clientes y Usuarios en Colombia durante el año gravable, incluyendo la posibilidad de visualizar precios en pesos o permitir el pago en pesos.
  2. Utilice un sitio web colombiano, un dominio (.co).
  3. Obtenga ingresos brutos por valor de 31.300 UVT o más durante el año gravable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia.
    Con la adición de inciso octavo al artículo 408 del Estatuto Tributario la reforma establece que la tarifa para los contribuyentes obligados por “Presencia económica significativa” será del 20%, siempre que no se encuentren dentro del marco establecido por el artículo 408 en un supuesto diferente.

Ganancias Ocasionales.

Entrando materia de las modificaciones que el proyecto de ley 118 de la cámara pretende introducir al impuesto a la ganancia ocasional se modifican los siguientes artículos relevantes a saber:

I. Se reduce el tope máximo establecido para las ganancias ocasionales por concepto de seguros de vida que cobren los contribuyentes, de forma que se encuentren gravadas aquellas que superen el monto de 3.250 UVT, en comparación con las 12.500 UVT que establece actualmente el artículo 303-1.

II.La retención en la fuente para ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares les aplicará una tarifa del 20%, de acuerdo con la nueva y expresa redacción propuesta para el artículo 306 del Estatuto Tributario.

III. También se introducen modificaciones al régimen de ganancias ocasionales exentas al reformarse el artículo 307 del Estatuto Tributario, quedando exentas las siguientes:

  1. Se amplia para el caso de inmuebles de vivienda de habitación pasando de 7.000 UVT a un nuevo tope exento de hasta 13.000 UVT del valor.
  2. Reduce el límite exento de la ganancia ocasional por otro tipo de inmuebles estableciéndolo en 6.500 UVT frente a las 7.700 UVT anteriores.
  3. Para el caso de la ganancia ocasional percibida por concepto de herencia, legado o porción conyugal el tope exento se ve reducido de las 3.490 vigente a la fecha frente al nuevo límite propuesto de 3.250 UVT.
  4. También se ve reducida la porción exenta de impuesto por ganancia ocasional, de tal forma que aunque permanece el límite porcentual del 20% del valor de las recibido por concepto de herencias, legados, donaciones y otros actos jurídicos a título gratuito, el tope máximo en cuanto propuesto en la reforma es de 1.625 UVT frente a las 2.290 UVT vigentes a la presente fecha.

VI. Continuando con las exenciones en esta materia se reforma también el artículo 311-1 del Estatuto Tributario, el cual establece como exenta de renta y complementarios la utilidad generada por la venta de casa o apartamento hasta en 3.000 UVT, en comparación con las 7.500 UVT vigentes.

V. Para las personas jurídicas el proyecto de reforma propone modificar el artículo 313 del Estatuto Tributario de modo que la tarifa se establezca en un 30% para las nacionales y extranjeras, incrementándolo en el triple de la que se encuentra vigente a la fecha del 10%.

A las personas naturales residentes en Colombia les será aplicable una tarifa de ganancia ocasional será la establecida en el artículo 241 del Estatuto Tributario:

Desde Hasta Tarifa Marginal
0 UVT 1090 UVT 0%
>1090 UVT 1700 UVT 19%
>1700 UVT 4100 UVT 28%
>4100 UVT 8670 UVT 33%
>8670 UVT 18970 UVT 35%
>18970 UVT 31000 UVT 37%
>31000 UVT En adelante 39%

VII. Para las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia la tarifa establecida para el impuesto de ganancias ocasionales es del 30%.

Impuesto al Patrimonio.

I. La reforma tributaria pretende crear un impuesto al patrimonio de carácter permanente adicionando, entre otros que veremos a continuación, al Estatuto Tributario el artículo 292-3 en el que determina los sujetos pasivos de este impuesto son respecto de su patrimonio el país las sucesiones ilíquidas, las personas naturales, con o sin residencia en Colombia, nacionales y extranjeras, así como también las sociedades extranjeras que no sean declarantes de renta en el país.

II. La reforma tributaria define mediante la adición del artículo 294-3 cuál es el hecho generador del impuesto al patrimonio, al determinar que será por la propiedad al 01 de enero de cada año un patrimonio líquido por valor o superior a 72.000 UVT.

Se adiciona al Estatuto Tributario el artículo 295-3 que establece las reglas para determinar contablemente la base gravable del impuesto al patrimonio, entre lo que se determina que para las personas naturales se excluyen del impuesto al patrimonio hasta 12.000 UVT del valor patrimonial de su inmueble de habitación en la que resida efectivamente la mayor parte del tiempo.

Para determinar la base gravable las acciones en sociedades nacionales que cotizan en bolsa se reconocerán por su valor de cotización mientras que para las que no lo hacen se reconocerán por su valor intrínseco, determinado por el resultado de dividir el patrimonio líquido de la sociedad en el número de acciones o cuotas de interés.

Finalmente, se destaca que cuando las participaciones que se tengan en fundaciones de interés privado, trusts, seguro con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario, en Colombia o en el exterior, el valor patrimonial corresponderá patrimonio neto subyacente.

IV. También se incorpora al estatuto tributario el artículo 296-3 en el que se fija la tarifa aplicable al impuesto al patrimonio de la siguiente forma:

Desde Hasta Tarifa Marginal
0 UVT 72.000 UVT 0%
>72.000 UVT 122.000 UVT 0.5%
>122.000 UVT En Adelante 01%

V. De acuerdo con el artículo 297-3 que la reforma propone adicionar al Estatuto Tributario el impuesto al patrimonio se causa al 01 de enero de cada año.

Impuesto Unificado Bajo el Régimen SIMPLE de Tributación

I. La reforma tributaria mantiene el régimen SIMPLE de tributación tanto en sus sujetos pasivos, como en los impuestos que comprende al mantenerse la vigencia de los artículos 903 al 907 del Estatuto Tributario. En ese sentido, para aquellos empresarios que sean beneficiarios acogidos a este régimen podrán continuar haciéndolo de prosperar la reforma tributaria.

II. No obstante, el proyecto de ley No. 118 introduce reforma al artículo 908 del Estatuto Tributario a través del cual pretende actualizar las tarifas para los sujetos pasivos del impuesto unificado SIMPLE, por lo que en caso de prosperar recomendamos a los beneficiarios acogidos a este régimen de tributación consultar las nuevas tarifas que resulten del proceso legislativo.

Impuestos para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

I. La reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional incorpora entre sus acápites uno dedicado a ejercer presión estricta frente a actividades productivas que tienen impacto en el medio ambiente. Es por ello, que la reforma tributaria se ocupa de proponer reforma al impuesto al carbono regulado a la fecha por la ley 1819 de 2016, al tiempo que crea un nuevo impuesto que recae sobre los productos plásticos de un solo uso, así:

La reforma tributaria modifica los artículos 221 y 222 de la ley 1819 del 2016 de tal forma que el impuesto al carbono recaiga no solo sobre los combustibles y gases fósiles y derivados del petróleo, sino también sobre el propio carbón como bien empleado en la combustión que emite CO2.

Del mismo modo a través de la reforma se incorporan las tarifas que este impuesto tendrá para el carbón, al tiempo que se incrementa la tarifa general del impuesto por a $20.500 Pesos colombianos por tonelada de carbono, de tal forma que se actualiza el listado de bienes y sus tarifas por unidad:

Combustible fósil Unidad Tarifa X Unidad
Carbón Tonelada $52.215
Fuel OIL Galón $238
ACPM Galón $208
Jet Fuel Galón $202
Kerosene Galón $197
Gasolina Galón $181
Gas licuado de Petróleo Galón $134
Gas Natural Metro Cúbico $42

Finalmente, es de anotar que el parágrafo 6 del artículo propone la implementación de un régimen de transición de aplicación progresiva de la tarifa siguiendo la siguiente:

  1. Del 0% sobre el valor de la tarifa para los años 2023 y 2024.
  2. Del 25% del valor de la tarifa para el año 2025.
  3. Del 50% para el año 2026.
  4. Del 75% sobre el valor de la tarifa para el año 2027.
  5. A partir del año 2028 se deberá pagar la tarifa plena del impuesto al carbono por el carbón.

II. El proyecto de Ley No. 118 de 2022 (Cámara) se ocupa de crear y reglar a través de sus artículos 31 al 34 el nuevo impuesto nacional a los plásticos de un solo uso, de acuerdo con las siguientes:

  1. Por plástico de un solo uso el proyecto de ley entiende aquellos productos fabricados total o parcialmente de plástico que no fueron creados para ser reutilizados con el mismo fin durante varios ciclos de uso dentro de su vida útil.
  2. Por el sujeto pasivo de este impuesto la reforma tributaria entiende a la persona natural o jurídica que para su comercialización en Colombia:
      • Fabrique, ensamble o remanufacture bienes que empleen envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso.
      • Importe bienes que estén contenidos en envases, embalajes o empaques plásticos de un solo uso.
  3. La tarifa del impuesto será de 0,00005 UVT por cada (1) gramo del envase, embalaje o empaque plástico de un solo uso que se emplee.
  4. La forma y periodicidad de la declaración y pago del impuesto será definida por el Gobierno Nacional.
  5. El impuesto no se causará en los siguientes casos en que se empleen plásticos de un solo uso:
      • Para envasar, embalar o empacar productos farmacológicos y medicamentos.
      • Para envasar, embalar o empacar residuos peligrosos.
      • El sujeto pasivo del impuesto presente Certificación de Economía Circular otorgada por le Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
  6. Finalmente, este impuesto no será deducible del impuesto de renta y complementarios, al tiempo que tendrá una sanción especial del 20% del valor del impuesto en caso de omisión en su declaración.

III. Impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro. A través de sus artículos 35 al 42 la reforma tributaria se ocupa de crear y reglar un nuevo impuesto que recae sobre las exportaciones de los siguientes bienes a saber:

Partida Arancelaria Descripción
27.01 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla.
27.02 Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache.
27.03 Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada.
27.04 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta
27.09 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
71.08.10 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Para uso no monetario

La tarifa de este impuesto aplica para las personas naturales o jurídicas que exporten de Colombia cualquiera de los bienes identificados con las anteriores partidas arancelarias, siendo esta del 10% sobre el valor de las exportaciones que su precio observado sea mayor al precio umbral definido por la reforma para cada grupo de bienes gravados.

Impuestos Saludables

La reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional pretende la creación de impuestos que tienen el objetivo de grabar el consumo de alimentos que por su contenido nutricional son perjudiciales para la salud, es por ello que se crean los siguientes impuestos a saber:

I. Con la adición de los artículos 512-23 al 512-28 se busca la creación de impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas cuya base gravable será el contenido de azúcar por cada 100ml de la bebida, con las tarifas que se señala a continuación:

Contenido de azúcar (por cada 100 ml) Tarifa
Menor a 4g $0
Mayor o igual a 4g y menor a 8g $18
Mayor o igual a 8g $35

Igualmente este impuesto atiende a las siguientes:

  1. Se encuentran excluidos de este impuesto los siguientes alimentos, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 512-23:
      • Formulas infantiles.
      • Medicamentos con incorporación de azucares adicionados.
      • Los productos líquidos o polvo para reconstituir cuyo propósito sea brindar terapia nutricional para personas que no pueden digerir, absorber y/o metabolizar los nutrientes provenientes de la ingesta de alimentos.
      • Bebidas, terapia nutricional para personas con requerimientos nutricionales alterados por una condición médica.
      • Soluciones de electrolitos para consumo oral diseñados para prevenir la deshidratación producto de una enfermedad.
  2. Tampoco se considera como azúcar añadido los edulcorantes sin aporte calórico, conforme con el parágrafo 4 del artículo 512-23.
  3. Este impuesto se encuentra a cargo del productor, el importador, o el vinculado económico de uno y otro.
  4. El artículo 43 de la reforma, que adiciona el artículo 512-23 al Estatuto Tributario, incorpora una tabla detallada con las partidas arancelarias de los alimentos gravados.

II. También, con la adición de los artículos 512-29 al 512-34 se crea el impuesto al consumo de productos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos y/o edulcorantes del cual el artículo 512-29 establece un listado completo de los alimentos, identificados por su partida arancelaria, que quedarían gravados.

Este impuesto estará sujeto a las siguientes:

  1. Los sujetos pasivos son el productor, el importador, o el vinculado económico de uno y otro.
  2. Su base gravable es el precio de venta y el valor declarado de la mercancía en caso de productos importados.
  3. La tarifa será del 10% sobre la base gravable.

Otras disposiciones relevantes

I. Con la modificación del artículo 616-5 se pretende dotar a la DIAN de la autorización para facturar a los contribuyentes no solo el impuesto de renta y complementarios, sino también el IVA y los impuestos nacionales al consumo.

II. A través de su artículo 66 la reforma tributaria se ocupa de modificar le literal j del artículo 428 del Estatuto Tributario, de tal forma que no generará IVA la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o de entrega rápida cuyo valor no supere los $200USD y provengan de países con los que Colombia tenga TLC, en los que se haya acordado expresamente la no causación de este impuesto.

Con la derogatoria de los artículos 37 al 39 de la ley 2155 de 2021 se suprimirían de Colombia los días sin IVA, consecuencia de lo establecido por el artículo 69 de la reforma tributaria.

Se modifica el artículo607 del Estatuto tributario, con el propósito de esclarecer que la obligación de presentar declaración de activos en el exterior se extiende también a los contribuyentes de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta.

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Autor: Juan Sebastián Bohórquez.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Agosto 19 de 2022.

Imagen Ley 2189 de 2022 – Nueva regulación del comercio electrónico en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Ley 2189 de 2022 – Nueva regulación del comercio electrónico en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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El pasado seis (6) de enero de 2022, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2189 de 2022, “Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 915 de 2004, se regula el comercio electrónico E-Commerce en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, comoquiera que esta región de Colombia rige, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que, en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador, de conformidad con el artículo 310 de la Constitución Política de 1991, y es precisamente en este contexto en el que se expidió la mencionada norma.

Así las cosas, la Ley 2189 de 2022 ratifica a toda el área del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Puerto Libre, es decir, como un territorio con una regulación especial en materia económica, fiscal y administrativa. Como consecuencia de ello, todas las importaciones a dicho territorio son libres y están exentas del pago de derechos de aduana, de manera que podrán introducirse toda clase de mercancías, bienes y servicios extranjeros, excepto armas, estupefacientes, mercancías prohibidas por convenios internacionales a los que haya adherido o se adhiera Colombia y, finalmente, los productos precursores de estupefacientes y las drogas y estupefacientes no autorizados por la autoridad competente, los cuales sólo causarán un Impuesto Único al Consumo, a favor del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, equivalente al diez por ciento (10%) como tope máximo. Sin embargo, los productos manufacturados, confeccionados o hechos en la isla estarán exentos 100% de impuestos.

De otro lado, dicha ley señala que, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Estatuto de Protección al Consumidor, los comerciantes debidamente establecidos en el departamento podrán enviar al resto del territorio aduanero nacional los productos que vendan por internet o cualquier otra forma de comercio no presencial, vía tráfico postal, envíos urgentes, carga o por cualquier otro sistema de transporte mediante la presentación de la factura de compra electrónica, en cantidades no comerciales, es decir, hasta diez (10) unidades de la misma clase vendidas al mismo comprador en un (1) solo día.

Finalmente, se establece que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones o la entidad que haga sus veces realizará las acciones necesarias, para proveer el acceso a las telecomunicaciones e impulsar el desarrollo del ecosistema digital en el Archipiélago, para que la ley pueda ser aprovechada por los comerciantes y habitantes del departamento del mismo. Además, esta entidad estará encargada de coordinar, con las demás entidades nacionales, las medidas necesarias para facilitar el acceso a formación virtual en materia de empleo, emprendimiento y comercio virtual; así como del uso de herramientas tecnológicas a los habitantes de la isla, para lo cual, la norma faculta a la celebración de convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas.

Esperamos que la nueva norma promueva el comercio en la Isla de San Andrés y su reactivación económica después de las afectaciones sufridas con ocasión de la pandemia del COVID-19, sumado a los estragos causados por el huracán Iota, para lo cual, será fundamental la creación de herramientas que fomenten la creación y operación de negocios en la isla, y la implementación del comercio electrónico.

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Autor: Angie Monroy Brito.
Contacto: a[email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Agosto 4 de 2022.

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¿Ya aplicó a los beneficios tributarios por contratación de doctores?

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La Ley 1951 de 2019 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencia), dentro del cual se encuentra el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, este organismo define los criterios, condiciones e instrumentos para acceder a los beneficios tributarios dispuestos por la entidad.

Mediante el Acuerdo 26 de 2020 se aprobaron cuatro nuevas convocatorias para acceder a algunos beneficios tributarios dentro de los cuales se encuentran aquellos por vinculación de personal con título de doctorado en las empresas.

El estatuto tributario dispone que las empresas tendrán derecho a una deducción del 100% de la remuneración del personal con doctorado que desarrolle funciones de investigación, desarrollo e innovación, y un cupo de descuento del 25% de la misma.

Las MIPYMES que vinculen profesionales con título de doctorado que desarrollen funciones de investigación, desarrollo e innovación podrán acceder a un crédito fiscal por el 50% del valor de la remuneración pagada a este personal en la vigencia fiscal correspondiente.

La normativa nos brinda la siguiente definición para cada una de las actividades que estos profesionales pueden realizar para ser tenidos en cuenta dentro del cálculo del beneficio:

  • Investigación: se refiere a una indagación original y planeada que busca descubrir nuevos conocimientos y ampliar su compresión en los ámbitos científico, tecnológico y social.
  • Desarrollo: corresponde a la aplicación y/o la mejora sustancial de los resultados de investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento, para la fabricación de nuevos materiales, productos o procesos.
  • Innovación: es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto, bien o proceso, como lo estable la NTC 5800 “Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Terminología y Definiciones de las Actividades de I+D+i”

La Resolución 753 de 2021 del MinCiencia ordenó la apertura de ventanilla abierta para la presentación de solicitudes para acceder a beneficios tributarios por la vinculación de personal con título de doctorado a empresas, estableciendo las siguientes condiciones generales:

  • Teniendo en cuenta que los beneficios se aplican sobre el impuesto de renta, la empresa deberá ser declarante del impuesto de renta y complementarios.
  • La vinculación de los trabajadores con doctorado debe ser posterior al 25 de mayo de 2019, debe tratarse de un título de doctorado valido en Colombia y que desarrollen actividades de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación.
  • El personal debe estar vinculado mediante un contrato de trabajo y desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación.
  • Con corte al 25 de mayo de 2019 se establecerá la “línea base” definida como el número de doctores vinculados en la mencionada fecha, el beneficio será aplicado al personal adicional a la línea base, es decir, si para el 25 de mayo de 2019 la empresa tenía contratados 5 doctores, podrá acceder al beneficio sobre la remuneración del sexto doctor en adelante.

La resolución dispuso los siguientes requisitos para acceder a la ventanilla abierta:

  • Entregar un listado de profesionales con título de doctorado al 25 de mayo de 2019 para establecer la línea base, estas personas deben contar con su hoja de vida actualizada en la plataforma CvLAC y copia del diploma y acta grado del título de doctorado y los documentos que aprueben su convalidación en Colombia cuando se trate de títulos obtenidos en el extranjero.
  • Diligenciar la “Carta de presentación para acceder a beneficios tributarios por vinculación de personal con título de doctorado a empresas”, esta carta debe ir firmada por el representante legal de la compañía.
  • Aportar los documentos que soporten la vinculación laboral entre la compañía y los profesionales con título de doctorado, en los cuales se debe identificar el objeto del contrato y el tiempo de duración de esta (requisitos generales de un contrato de trabajo)
  • Diligenciar el formulario en línea, registrando la totalidad de la información solicitada para que el MinCiencia realice la revisión de requisitos.

La ventanilla se encuentra abierta de forma permanente, sin embargo, recordamos que la postulación de la vigencia 2022 inició el pasado 01 de octubre de 2021 y cerrará el 30 de septiembre de 2022, para el año 2023 iniciará el primer día hábil del mes de octubre de la presente anualidad y finalizará el último día hábil de septiembre del 2023, y así sucesivamente.

Los invitamos a validar el número de doctores vinculados al 25 de mayo de 2019 y si el mismo ha crecido presentar la postulación, de no ser así, podrían evaluar la viabilidad financiera de vincular personal con estudios finalizados de doctorado que puedan contribuir a obtener los beneficios tributarios descritos.

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Autor: Juan Esteban Amador Sánchez.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Agosto 1 de 2022.

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Modificaciones relacionadas con el teletrabajo – Decreto 1227 de 2022

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La Ley 1221 de 2008 tuvo por objeto promover y regular la figura de teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC). A pesar de la buena intención con la que fue expedida la norma, ésta no fue muy utilizada a nivel empresarial, y por el contrario, primaba la presencialidad laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, la pandemia generada por el COVID-19 trajo consigo la necesidad de llevar a cabo trabajo no presencial. Frente a esta necesidad, el teletrabajo demostró no ser la figura más apropiada pues los requisitos para su implementación la hacían bastante formal y poco flexible. Es por ello que fueron expedidas otras alternativas de trabajo no presencial como el trabajo en casa y el trabajo remoto.

Finalmente, conviene señalar en línea con lo señalado en el párrafo anterior que el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1227 de 2022 con el fin de tratar de introducir algunos cambios a la figura de teletrabajo de tal manera que su implementación pueda llevarse a cabo de manera sencilla, así como solucionar ciertos que existían en la figura.

Los aspectos más relevantes del Decreto 1227 de 2022 son los siguientes:

1.1. Contrato de teletrabajo

El contrato laboral o acto administrativo de vinculación que genere la vinculación mediante la modalidad de teletrabajo aparte de cumplir con los requisitos previstos en la ley, deberá especificar los siguientes:

  • La descripción de los equipos y programas informáticos, junto con las correspondientes restricciones y responsabilidades que podría acarrear su incumplimiento.
  • La modalidad de teletrabajo a ejecutar y la jornada semanal aplicable.
  • Las medidas de seguridad digital que debe conocer y cumplir el teletrabajador.
  • La descripción de los requisitos mínimos del puesto de trabajo para el desarrollo de la labor contratada, en lo que se refiere a aspectos ergonómicos y tecnológicos.

1.2. Obligaciones de las partes

Se introducen algunas obligaciones específicas para las partes en el desarrollo del teletrabajo, dentro de las cuales consideramos relevante señalar las siguientes:

a. Obligaciones del empleador:

  • Informar mecanismos de comunicación para el reporte de novedades e instruir sobre el reporte de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
  • Suministrar al teletrabajador equipos de trabajo y herramientas de trabajo adecuados, así como garantizar la formación e información sobre riesgos derivados de la utilización de equipos informáticos. Sin embargo, el empleado podrá poner a disposición del empleador sus propios equipos y herramientas de trabajo (sobre este aspecto profundizaremos más adelante).
  • Garantizar el derecho a la desconexión laboral y evitar impactos que se puedan generar en la salud mental y en el equilibrio emocional de los teletrabajadores.
  • Capacitar virtual o presencialmente al teletrabajador previo a la implementación del teletrabajo en actividades de prevención y promoción de riesgos laborales, así como uso y apropiación de TIC y seguridad digital para el teletrabajo.

b. Obligaciones del teletrabajador:

  • Procurar cuidado integral de su salud, así como suministrar al empleador información clara, veraz y completa sobre cualquier cambio en su estado de salud física o mental y que pueda afectar la capacidad para prestar sus servicios.
  • Suministrar información veraz sobre el lugar de trabajo, y los cambios que se presenten.
  • Cumplir eficientemente con actividades y metas establecidas, presentando reportes e informes requeridos y manejando la información a su cargo.
  • Cumplir con las mismas actividades y resultados que se realizan de manera presencial, con la calidad y oportunidad esperada.

1.3. Eliminación de barreras para la puesta en marcha del teletrabajo

Antes de la expedición del Decreto bajo estudio, se requería que el empleador hubiese realizado la visita previa al puesto de trabajo del trabajador para efectos de iniciar la figura del teletrabajo. Sin embargo, el Decreto 1227 señala expresamente que dicho requerimiento no podrá ser una condición para poner en marcha el teletrabajo, así como tampoco lo será la exigencia de sistemas de información para realizar el seguimiento de actividades llevadas a cabo por el teletrabajador. No obstante, para efectos deberá existir previo acuerdo las partes.

1.4. Reversibilidad del teletrabajo

En los contratos laborales o vinculaciones reglamentarias vigentes, en las que se desee implementar el teletrabajo, las partes conservarán el derecho de reversibilidad del teletrabajo, es decir, a solicitar el retorno definitivo a las instalaciones de la empresa.

Sin embargo, en caso de que se contrate a un teletrabajador por primera vez, el mismo no podrá exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del empleador, salvo que de común acuerdo las partes modifiquen lo pactado inicialmente.

1.5. Flexibilidad del teletrabajo

Las partes podrán generar una flexibilidad respecto del tiempo y modo en el desempeño de la labor contratada en cumplimiento de la jornada laboral semanal. Sin embargo, ello no podrá afectar el descanso del teletrabajador ni su derecho a la desconexión laboral.

1.6. Eliminación de adición al Reglamento Interno de Trabajo y modificación al Manual de Funciones y Competencias Laborales.

La implementación del teletrabajo no requerirá una adición en el Reglamento Interno de Trabajo, ni modificaciones en el Manual de Funciones y Competencias Laborales.

1.7. Política Interna de Teletrabajo.

Para aquellos empleadores o entidades públicas que no hayan adicionado a su Reglamento Interno de Trabajo aspectos relacionados con el uso adecuado de equipos, programas y manejo de información, deberán adoptar una Política Interna de Trabajo mediante la cual se regulen los términos, características y condiciones del teletrabajo.

Si bien es obligación del empleador suministrar las herramientas de trabajo para la realización del teletrabajo, las partes podrán acordar que el trabajador o servidor público ponga a disposición del empleador sus propios equipos y herramientas de trabajo, caso en el cual, el teletrabajador deberá mantenerlas en buenas condiciones funcionales para atender cualquier requerimiento del servicio. De la misma manera, las partes de mutuo acuerdo podrán pactar un valor mensual de compensación por el uso de herramientas de trabajo de propiedad del teletrabajador o servidor.

1.8. Auxilio compensatorio de costos de servicios públicos y acuerdo sobre exoneración de pago de servicios públicos al empleador o entidad pública.

Las partes de mutuo acuerdo podrán fijar el costo del auxilio mensual que compensará los costos de internet, telefonía fija y móvil y energía. De la misma manera, el trabajador podrá asumir en su totalidad el costo de los servicios de internet y energía, si así se acuerda entre las partes.

1.9. Desarrollo del teletrabajo suplementario mediante modelos híbridos de teletrabajo.

En lo que se refiere al teletrabajo suplementario, el mismo podrá desarrollarse mediante modelos híbridos de trabajo de manera alterna que dos o tres días a la semana se labore en casa y el resto de días en el centro de trabajo. Para ello, las partes deberán fijar de mutuo acuerdo, los días de presencialidad y de teletrabajo, los cuales podrán ser fijos o variables conforme a las necesidades organizacionales del empleador o entidad pública.

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Autor: Mónica Andrea Rivera García.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Julio 29 de 2022.

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Tratado de Marrakech: ¿Qué es y por qué es importante en la legislación colombiana?

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La población con discapacidad visual, ciega y baja visión no puede acceder en gran medida a diversos textos debido a que no se encuentran en formato accesible. En este artículo les contaremos qué es un formato accesible de lectura, qué es el Tratado de Marrakech y por qué es importante su ratificación.

Las personas con discapacidad visual (PCDV) utilizan varios métodos de lectura y escritura. Los dos más conocidos son: el Braille, el cual es un sistema de lectoescritura compuesto por una serie de puntos que dispuestos en una superficie, forman signos que representan el alfabeto; y el uso de lectores de pantalla, identificados como softwares que por medio de una voz sintética transmiten la información que se encuentra en la pantalla, ya sea de un computador o un terminal móvil.

Si bien existen estas herramientas de lectura para que las PCDV puedan acceder a materiales digitales o físicos adaptados al sistema de lectoescritura Braille, los documentos accesibles disponibles son muy pocos. El Instituto Nacional para Ciegos (INCI) en su artículo “La importancia para ratificar el Tratado de Marrakech” informó: “de acuerdo al censo de población realizado por el DANE en el año 2005, se reporta que en Colombia existen 1’134.085 personas con discapacidad visual, a las cuales no se les garantiza el goce efectivo de sus derechos como la educación, el trabajo, y la participación”.

Añadido a esto, según la Declaración de Guatemala por el Tratado de Marrakech, “se estima que en América Latina solo el 2% de libros son accesibles a la población con discapacidad visual, fenómeno que incide en su desarrollo inclusivo”.

La restricción impuesta por medio de los derechos de autor dificulta la adaptación de las obras que necesita la población con discapacidad visual o con otra dificultad que le impida hacer uso de los documentos en su formato original, para ejercer su derecho fundamental al acceso a la información contemplado en el artículo 20 de la Constitución política de Colombia, el derecho a la igualdad en el artículo 13 y el derecho a la educación y la cultura.

Al encontrar las mismas dificultades de la población con discapacidad en diversos países, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) suscribió el Tratado de Marrakech, el 27 de junio de 2013, en Marrakech – Marruecos, con el objetivo de facilitar el acceso de las PCDV a las obras impresas flexibilizando o creando excepciones o limitaciones a los derechos de autor así:

“1. Las Partes Contratantes establecerán en sus leyes nacionales de derecho de autor una limitación o excepción al derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de puesta a disposición del público según lo dispuesto por el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), para facilitar la disponibilidad de obras en ejemplares en formato accesible para las personas beneficiarias”.

Este tratado también dispone la cooperación transnacional para compartir e importar entre países contratantes obras ya adaptadas a formatos accesibles, faculta a entidades ya autorizadas a realizar copias en formatos accesibles de un ejemplar sin informar al titular de los derechos de autor, dispone los principios en los que rige el tratado, las obligaciones que deberán cumplir las partes vinculadas al mismo y cumple con la finalidad de proporcionar material accesible a las personas con algún tipo de dificultad para acceder a las obras publicadas o con discapacidad visual.

En Colombia se abordó la problemática antes mencionada mediante la Ley 2090 del 22 de junio de 2021, “por medio de la cual se aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”.

En la ley se realiza un sumario del contenido del Tratado de Marrakech en el que se mencionan las herramientas e instituciones que cuentan con proyectos enfocados a la población con discapacidad visual, se reafirma que la aprobación del tratado no vulnerará de ninguna manera el derecho de autor en su ámbito moral o patrimonial, que la distribución de formatos accesibles se llevará a cabo sin fines comerciales y sin ánimo de lucro y se aprueba el tratado de Marrakech.

Así mismo, indica que la Ley 1915 de 2018, “por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”, contiene disposiciones referentes al tratado de Marrakech, iniciando con el literal H del artículo 13 de la norma, el cual proclama como excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas las siguientes condiciones:

“Usos no infractores de una obra, interpretación o ejecución, fonograma o emisión, amparados por las limitaciones y excepciones establecidas por la ley en favor de toda persona en situación de discapacidad en los términos de la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, que, en razón a las barreras definidas en dichas leyes, no pueda acceder a las obras en los modos, medios y formatos de comunicación adecuados a su tipo de discapacidad y conforme a su elección”.

También su artículo 17, que habla de la adición de nuevas excepciones o limitaciones a los derechos de autor, debido a que estas se encuentran contempladas de manera tácita en la ley, entre otros.

Así pues, es evidente la importancia de adquirir y producir obras accesibles para población con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a obras en formato impreso, que se encuentre en concordancia con la protección moral y patrimonial de los derechos de autor, la cual evitará que sus obras sean adquiridas de manera ilegal, modificadas sin autorización y comercializadas con ánimo de lucro; sino que, por el contrario, serán entidades autorizadas por el estado quienes estén encargadas de realizar los ajustes razonables para la adaptación del texto y la disposición de las obras, para el disfrute único de los beneficiarios, quienes por medio de ese material accederán autónomamente a textos educativos, a una información clara, veraz, y en lo general obtendrán una mejor calidad de vida.

Referencias:

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Autor: María Camila López.
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Fecha de publicación: Julio 27 de 2022.

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Apelación de sentencias en proceso laborales de única instancia: ¿en qué casos procede?

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El pasado 23 de febrero de 2022 la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia decidió una tutela que se había interpuesto en contra de un juzgado laboral del circuito de la ciudad de Bogotá D.C. por supuesta vulneración al debido proceso. El sustento fáctico de la decisión del fallo de tutela está relacionado con una sentencia emitida por el Juzgado Once Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C. el pasado 10 de diciembre de 2020 dentro de un proceso ordinario laboral de única instancia. Dicha autoridad condenó a pagar a la demandada y posterior accionante la suma de $18.247.084,85 (monto que excedía los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020). Ante esta decisión, el apoderado judicial de la persona natural vencida en juicio interpuso recurso de apelación, considerando precisamente que la condena superó la cuantía de un proceso de única instancia.

Mediante proveído de 24 de mayo de 2021, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá se abstuvo de tramitar el recurso de apelación, al considerar que la cuantía se circunscribía al valor de las pretensiones para el año 2019, (fecha en la que fue radicada la demanda), sin que el hecho de que hubiese aumentado la cuantía cambiara el trámite de «Única Instancia».

En otras palabras, el juzgador del circuito consideró mal concedido el recurso de apelación. Ante lo anterior, la accionante interpuso recurso de reposición y de queja y ambos fueron negados por el juzgado del circuito al ser extemporáneos, por lo que acudió a la acción de tutela con el fin de que “se protegieran la prerrogativa constitucional invocada y, como consecuencia de ello, se ordenara al Juzgado Trece Laboral Del Circuito de Bogotá, «o a otro superior jerárquico del Juzgado 11 Municipal De Pequeñas Causas tramitar el recurso de apelación negado».

Surtido el trámite correspondiente, el 25 de enero de 2022, el juez constitucional de primera instancia concedió el amparo invocado. En efecto, la Sala Laboral del Tribunal Judicial de Bogotá D.C. encontró demostrado que en el proceso ordinario laboral que originó la queja de amparo, en el que resultó vencida la parte querellante, «se tramitó con las ritualidades de un proceso de única instancia (pues para la fecha de presentación de la demanda el valor de las pretensiones era inferior a 20 SMLMV), y las condenas impuestas en la sentencia superaron dicha cuantía, pues ascienden a $18.247.084 por prestaciones sociales, indemnización de que trata el artículo 65 del CST, e indemnización por no consignación de las cesantías (20 SMLMV de la anualidad en la que se dictó la sentencia equivalen a $17.556.060)».

De conformidad con lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y, como consecuencia de ello, dejó sin efectos el auto proferido el 24 de mayo de 2021 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, y ordenó que dentro del término improrrogable de 10 días se rehicieran las actuaciones que resultaran pertinentes para estudiar y decidir el recurso de apelación formulado por la convocante contra la sentencia de 10 de diciembre de 2020, proferida por la Jueza Once Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá.

La titular del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. impugnó la decisión de su superior, al considerar que los asuntos que se cuestionaban gozaban de presunción de legalidad siendo “inexistentes errores protuberantes que conllevaran a la intervención del juez constitucional”. La jueza de circuito indicó además que sus autos se encontraban debidamente sustentados y que se apartó de fallos de tutela en los que anteriormente se había concedido el recurso de apelación en los procesos de única instancia, por tener efectos Inter partes.

Al estudiar la impugnación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia encontró que la acción constitucional cumplía con las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo que procedió a su análisis de fondo. Sobre el particular recordó lo estipulado en el artículo 29 constitucional y trajo a colación lo indicado en la sentencia CSJ STL2288-2020, que a su vez rememoró la providencia CSJ STL5848-2019, en la que, sobre el tema objeto de discusión, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral ha indicado lo siguiente:

[…] se hace necesario rectificar el criterio de esta Sala de Casación Laboral, referente a los casos en los que el operador judicial habiendo impartido el trámite como un proceso ordinario laboral de única instancia, sorprende a la parte demandada con una condena que supera los 20 salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes, lo anterior, dada la existencia de algunos pronunciamiento que no se encuentran acorde a los lineamientos de esta Corporación desde el 2 de agosto de 2011, radicado No. 33629, así como los posteriores precedentes judiciales CSJ STL3623-2013, CSJ STL7970-2015, CSJ STL2959-2015, CSJ STL3440-2018, STL11944-2016, STL3440-2018, mismos en los que se ha advertido la necesidad de conceder el amparo frente a estos casos ante la vulneración de la doble instancia.

Adicional, la Corte recordó que el Legislador dispuso en el inciso 3° del artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que los Jueces Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple en la jurisdicción laboral, «conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente», siendo de conocimiento de los Jueces Laborales del Circuito, todo aquel proceso cuya cuantía supere el nuevo límite económico trazado en la citada disposición.

El anterior referente normativo impone a los Jueces, un riguroso control que le permita establecer con absoluta certeza el cumplimiento de aquellos presupuestos que le otorgan la competencia para conocer de un determinado proceso, y para ello, deben cuantificar el valor de las pretensiones al momento de la presentación de la demanda, por lo que si el funcionario encuentra alterada la cuantía que se fija en el artículo 12 del Estatuto Procesal del Trabajo, es su deber declarar la falta de competencia para adelantar la litis y disponer la remisión inmediata del expediente al Juez correspondiente ya sea de forma oficiosa o por vía de excepción.

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional confirmó la decisión emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C. en el sentido en que el juzgado del circuito debió tener en cuenta que la condena impuesta a la parte demandada superó los 20 smlmv y en tal sentido era válido garantizar el principio de la doble instancia admitiendo la apelación presentada.

La decisión de este año (STL2441-2022 con ponencia del magistrado Omar Ángel Mejía Amador) se suma a otros casos como los analizados en las sentencias de tutela STL-5848 de 2019, STL-14003 de 2019 y STL- 2288 de 2020. En tal sentido, sería válido evaluar esta situación en el actual proyecto de reforma al Código Procesal del Trabajo.

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Autor: Carlos Alberto Camargo Mejía.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Julio 01 de 2022.

Imagen Corte suprema recordó reglas de reconocimiento de incapacidades superiores a 540 días

Corte suprema recordó reglas de reconocimiento de incapacidades superiores a 540 días

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El pasado 02 de febrero de 2022, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de Tutela STL1410 Rad. 96163 M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que ordenó a un Fondo de Pensiones cancelar las incapacidades dejadas de pagar a una afiliada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% hasta que adquiera la pensión de vejez o de invalidez.

La accionante se encuentra afiliada en calidad de dependiente desde enero de 2015, el 10 de febrero de la misma anualidad sufrió una aneurisma cerebral, desde entonces, esta situación le ha impedido prestar sus servicios a la compañía, por lo que su EPS le prescribió incapacidades continuas desde la mencionada fecha hasta el 30 de diciembre de 2016.

La trabajadora fue calificada por su EPS con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente a un 72.46%, a pesar de que con posterioridad a octubre de 2016 su vínculo laboral se mantuvo vigente, únicamente percibió las cotizaciones del sistema integral de seguridad social sin recibir salarios debido a la suscripción de una licencia no remunerada, puesto que tampoco le era posible prestar sus servicios a la empresa.

Teniendo en cuenta su ausencia de ingresos, la trabajadora decidió interponer una acción de tutela contra el Fondo de Pensiones para el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, sin embargo, la acción fue negada por el juez constitucional puesto que no satisfacía el requisito de subsidiariedad, toda vez que podía acudir a la jurisdicción laboral como juez natural de este tipo de pretensiones.

Tras acudir al juez laboral correspondiente, su audiencia de trámite y juzgamiento fue programada para el 1° de febrero de 2023 por lo que interpuso acción de tutela contra su empleador, EPS, IPS, AFP y el juzgado que conoció del proceso ordinario laboral para el reconocimiento y pago de las incapacidades dejadas de percibir desde 2016, tal acción dio origen al mencionado fallo señalado en la primera parte de este escrito.

Durante el debate probatorio se estableció que la empleadora no le pagó las incapacidades argumentando que se trataba de una obligación a cargo de las entidades de seguridad social; por su parte, la EPS argumentó que era la AFP quien debía reconocer las prestaciones económicas pues no tiene posibilidad de recuperación, afirmación a la cual se opuso la AFP indicando que después del día 540 de incapacidades continúas la EPS es la encargada de pagar este subsidio.

La Corte indicó que esta acción es ideal para solicitar el reconocimiento y pago de incapacidades laborales cuando se vean afectados derechos fundamentales del trabajador, como por ejemplo el mínimo vital, la subsistencia propia y la familiar.

Con relación al debate sobre la entidad encargada de pagar las incapacidades de la trabajadora, la Corte Suprema de Justicia recordó la definición constitucional que prescribe que cuando se otorgan más de 540 días continuos de incapacidad, no hay concepto favorable de rehabilitación y se ha diagnosticado una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, le corresponde a la AFP asumir el pago del auxilio, a diferencia de lo que dispone la ley 1753 del 2015 en donde se establece que las incapacidades superiores a 540 son asumidas por la EPS cuando hay dictamen favorable de rehabilitación.

En el caso concreto estudiado, la trabajadora contaba con un concepto desfavorable de rehabilitación a tal punto que su pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, por lo que la Corte Suprema consideró que es necesario retomar la línea de la Corte Constitucional previa a la expedición Decreto 1333 de 2018 y de tal forma ordenar el reconocimiento en cabeza del Fondo de Pensiones.

Es importante aclarar que el fallo no desconoce la normativa actual relacionada con el reconocimiento y pago de incapacidades. Por el contrario, satisface las necesidades existentes de una ausencia de regulación sobre el particular ante las diferentes situaciones prácticas que pueden llegar a presentarse, permitiendo que posiblemente en el futuro los afiliados al sistema general de seguridad social no deban librar largas batallas judiciales que perpetúen la afectación sobre los derechos fundamentales. (Para la fecha de la sentencia estudiada, la trabajadora completó más de cinco años sin recibir ingresos).

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Autor: Juan Esteban Amador Sánchez.
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Fecha de publicación: mayo 25 de 2022.

Imagen Términos aplicables para resolver derechos de petición

Términos aplicables para resolver derechos de petición

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El 18 de enero de 2011, fue expedida en Colombia por parte del Congreso de la República, la Ley 1437 del mismo año, que dispuso el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este estatuto, en su artículo 14 consagró los términos en los cuales las autoridades y los particulares deben dar respuesta las peticiones recibidas.

Dicha regulación, al recaer sobre un derecho fundamental que requería efectuarme mediante una ley estatutaria, fue posteriormente modificada por el artículo 1 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. Esta ley reguló el Derecho Fundamental de Petición manteniendo idénticos los términos establecidos en el estatuto administrativo.

Pese a lo anterior, a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en el año 2020 por causa del Covid-19, los términos que se habían establecido para dar respuesta a las peticiones fueron ampliados.

Es en este contexto en el que el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020, para adoptar “medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares (…) en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Así las cosas, a partir del mes de marzo de 2020, se tenían como términos para resolver peticiones, los siguientes:

  • 30 días siguientes a su recepción, para peticiones en general.
  • 20 días siguientes a su recepción, para peticiones de documentos y de información.
  • 35 días siguientes a su recepción, para peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo.

Los mencionados términos si bien estuvieron vigentes a partir de marzo de 2020 y durante la vigencia de la emergencia sanitaria, han sido suprimidos a partir del 17 de mayo de 2022, en virtud de las disposiciones contenidas en la reciente Ley 2207 del pasado 17 de mayo de 2022. Esta Ley derogó expresamente el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 que establecía los términos de respuesta antes señalados.

De este modo, partir de la fecha, se reactivan los términos para dar respuestas a las peticiones elevadas por los ciudadanos ante autoridades y particulares, de conformidad con los establecido en la Ley 1755 de 2015, esto es:

  • 15 días siguientes a su recepción, para peticiones en general.
  • 10 días siguientes a su recepción, para peticiones de documentos y de información.
  • 30 días siguientes a su recepción, para peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo.

En conclusión, los términos para dar respuesta a peticiones en vigencia de la emergencia sanitaria han sido modificadas a partir del 17 de mayo de 2022. A continuación, señalamos un cuadro con la síntesis de tales modificaciones.

Derogado

Vigente

Decreto Legislativo 491 de 2020

Ley 2207 de 2022 (retoma los términos de la ley 1755 de 2015)
Desde el 28 de marzo de 2020 y hasta el 16 de mayo de 2022

Desde el 17 de mayo de 2022

30 días siguientes a su recepción, para peticiones en general. 15 días siguientes a su recepción, para peticiones en general.
20 días siguientes a su recepción, para peticiones de documentos y de información. 10 días siguientes a su recepción, para peticiones de documentos y de información.
35 días siguientes a su recepción, para peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo. 30 días siguientes a su recepción, para peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo.

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Autor: María Isabel Espitia.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: mayo 24 de 2022.

Imagen Lo que debe y no debe incluirse en el “total de la remuneración”

Lo que debe y no debe incluirse en el “total de la remuneración”

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Recientemente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dio a conocer la sentencia de radicado 25185 del 9 de diciembre de 2021. En la misma, se pronuncia sobre la aplicación del artículo 30 de la ley 1393 de 2010, aquel famoso artículo que nos indica que, la proporción de los pagos no salariales que excedan el 40% del total de la remuneración conforman el Ingreso Base de Cotización (“IBC”) para aportes a la seguridad social (Pensión, salud y riesgos laborales).

Pues bien, lo complejo realmente no es entender el texto de la norma, lo complejo es tener claridad sobre lo que integra el “total de la remuneración”. Por ello, si bien en materia interpretativa la sentencia del Consejo de Estado no trae nada realmente nuevo o distinto a lo que años atrás ha indicado la Corte Suprema de Justicia (principalmente sobre la invalidez de los pactos de exclusión salarial que ocultan un pago remunerativo del servicio), si se hacen varias precisiones que vale la pena acotar.

Veamos algunas generalidades previas, y que apuntes valiosos trae esta sentencia:

  1. En virtud del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, existen cuatro (4) tipos de pagos no salariales:

a. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria.

b. Lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.

c. Las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX: i) Cesantías; ii) Intereses a las cesantías; iii) Prima de servicios y; iv) dotación.

d. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad (agregado por el artículo 15 de la ley 50 de 1990).

Ahora bien, ¿todos los pagos no salariales requieren pactar la exclusión salarial? No, únicamente los del literal “d” antes enlistado. El artículo 15° de la Ley 50 de 1990 introduce un nuevo tipo de pagos no salariales que en la redacción inicial del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo (“C.S.T.”) no estaban contemplados. Estos, son los “auxilios habituales u ocasionales” otorgados en forma extralegal, cuando las partes hayan acordado su exclusión salarial. En otras palabras, solo este tipo de pagos son los que necesitan que haya un acuerdo de exclusión salarial.

No obstante, aunque no es el ideal, para efectos probatorios ante cualquier tipo de pleito, pero sobre todo dada la experiencia en las fiscalizaciones de la UGPP y procesos en el contencioso administrativo, siempre es recomendable que exista pacto, política o documento en el que conste la naturaleza no salarial, o bien porque el pago sea no salarial, o bien porque es una herramienta de trabajo.

Inicialmente, no había mucho desarrollo sobre el tema, hasta que, producto del exceso, empezaron a expedirse normas y pronunciamientos jurisprudenciales tendientes a evitar que lo que naturalmente es salario (porque es remunerativo del servicio) se convirtiera en no salarial por el simple pacto de las partes.

En principio, ninguno de los pagos enlistados integra el Ingreso Base de Cotización (IBC) de Seguridad Social, pero para el cálculo del “total de la remuneración” de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, se tienen en cuenta los del literal d. Es decir, los pagos no salariales que se incluyen en el “total de la remuneración” son los que tienen carácter retributivo.

Que un pago no salarial sea retributivo significa que, aunque no remunere directamente el servicio, busca compensar al trabajador por un hecho distinto al objeto de su contrato de trabajo, por ejemplo, un “Bono por resultados globales”, es un pago no salarial que tiene carácter retributivo, porque aumenta el patrimonio del trabajador, lo compensa por pertenecer a un grupo exitoso, pero es no salarial porque no remunera directamente el servicio prestado por el trabajador.

Algo como un Bono por resultados globales si requiere la exclusión salarial, así como también ser incluido en el “total de la remuneración” de que trata el artículo 30 de la ley 1393 de 2010.

2. Los pactos de exclusión salarial no pueden desconocer la naturaleza de un pago. Siempre que un pago se haga en remuneración directa al servicio prestado, va a ser considerado salarial, aunque las partes pacten lo contrario. Esto lo ha advertido la misma Corte Suprema de Justicia desde hace años, pero siempre es importante recordarlo.

3. Para evitar que un pago no retributivo del servicio (como las herramientas, auxilios de celular en algunos casos, etc) se tome eventualmente como base para aportes a Seguridad Social, se debe ser cuidadoso con el registro.

Si se registra en la nómina constituye ingreso del trabajador, en consecuencia, se tiene en cuenta para el cálculo del “total de la remuneración” de que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Si se excluye de la nómina, es viable su registro contable como un gasto operativo (en el caso de las herramientas de trabajo), pero debe ser sustentable en términos de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, de lo contrario, genera un riesgo a nivel fiscal.

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Autor: Fabrizio Gasca Mayans
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Mayo 20 de 2022.

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Inconstitucionalidad del control automático e integral de los fallos con responsabilidad fiscal creado por la ley 2080 de 2021

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Mediante la sentencia C-091 de 2022, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 23 y 45 de la Ley 2081 de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. Se resalta que las disposiciones en comento contenían una reforma importante al proceso de responsabilidad fiscal, por cuanto preveía el control automático e integral de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal a cargo del Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, según fueran expedidos por la Contraloría General de la República o las contralorías territoriales.

Cuando se conoció y promulgó el texto de los artículos 23 y 45 de la Ley 2081 de 2021, surgieron debates entorno a la presunta restricción del ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contra los fallos con responsabilidad fiscal, en razón a que el control automático creado por el legislador comprendía un control integral de legalidad. En esa medida, como constaba en el citado artículo 45, el control comprendía un análisis de las causales de nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que, precisamente, son aquellas que se alegarían en las eventuales demandas de nulidad en contra de los fallos con responsabilidad fiscal.

La decisión de inconstitucionalidad del Alto Tribunal se fundó en la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad, en razón a que las normas debatidas otorgan un trato diferente e injustificado a los responsables fiscales frente a los demás ciudadanos destinatarios de actos administrativos que pueden controlarse por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  Además de lo anterior, estimó la Corte Constitucional que con la expedición de las normas en estudio se excedió el margen de configuración procesal concedido por el Acto Legislativo 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal”.

Cabe mencionar que uno de los aspectos más llamativos de la sentencia C-091 de 2022 fueron sus efectos, toda vez que se le otorgaron efectos retroactivos desde la promulgación de la Ley 2080 de 2021, es decir, el 25 de enero de 2021. La aplicación de estos efectos conllevó la expedición de las siguientes reglas:

  1. Todos los fallos con responsabilidad fiscal expedidos desde la publicación de la sentencia deben regirse por las normas vigentes antes de la promulgación de la Ley 2080 de 2021.
  2. Todos los procesos de control automático e integral de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal que se encuentren en curso cuando se notifique la sentencia de constitucionalidad, deben declararse nulos de oficio o a petición de parte. Una vez agotado el anterior trámite, el fallo con responsabilidad fiscal debe regresarse a la autoridad que lo profirió para que lo notifique y los interesados puedan ejercer los medios de control judiciales previstos en las normas anteriores a la Ley 2080 de 2021. Esta regla conlleva una nueva notificación del fallo con responsabilidad para que los interesados tengan la oportunidad de ejercer los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según sea el caso y si así lo consideran.
  3. En los procesos de control automático e integral de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal que cuenten con sentencia ejecutoriada, se podrá pedir la nulidad de la sentencia y la devolución del expediente dentro de los cuatro (4) meses siguientes. Agotado el anterior trámite, la autoridad fiscal notificará nuevamente el fallo con responsabilidad fiscal para que puedan ejercerse los medios de control judicial conforme a la Ley 1437 de 2011. Se pone de presente que la nulidad de esta regla no procede de oficio, solamente se declara a solicitud de parte.

Así las cosas, el control automático e integral de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal fue suprimido de nuestro ordenamiento jurídico, dejando claro que el control judicial de esos actos administrativos se adelanta a través de alguno de los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011. Se advierte que la sentencia C-091 de 2022 no ha sido notificada ni publicada por la Corte Constitucional y los aspectos aquí expuestos fueron conocidos por el comunicado No. 07 del 9 y 10 de marzo de 2022, por lo que tendremos que esperar los términos finales de esta sentencia para entender el verdadero alcance de la decisión adoptada por la Corte Constitucional.

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Autor: Daniela Saavedra.
Contacto: [email protected] , [email protected]
Fecha de publicación: Mayo 18 de 2022.

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