Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo (en adelante, “PND”) adoptado por el gobierno del Presidente Iván Duque, denominado “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, se establecen los propósitos del gobierno durante el próximo cuatrienio mediante la fijación de programas, planes, inversiones y metas. Su marco jurídico, está dado por la Ley 1955 del 2019, que “tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”.

El PND está soportado en tres (3) ejes centrales, a saber: la legalidad, referido a la “Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley”, el emprendimiento, en la medida en que apuesta porque el crecimiento económico del país se potencie a través de un entorno favorable para la creación y consolidación de empresas sólidas y competitivas y la equidad, como resultado de las dos anteriores, para ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas. A su vez, estos pilares se soportan en los siguientes pactos:

1. Pactos transversales: se consideran “habilitadores, conectores y espacios de coordinación que hacen posible el logro de una mayor equidad de oportunidades para todos. También son dinamizadores del desarrollo y ayudan a enfrentar los riesgos que se pueden presentar en nuestra apuesta por la equidad de oportunidades”. Dichos pactos son:

1.1. Pacto por la sostenibilidad: producción sostenible, biodiversidad, cambio climático y medio ambiente.

1.2. Pacto por la descentralización.

1.3. Pacto por el transporte y logística para la competitividad y la integración regional.

1.4. Pacto por la construcción de la paz.

1.5. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación.

1.6. Pacto por la transformación digital de Colombia.

1.7. Pacto por la calidad y la eficiencia de los servicios públicos: agua y energía.

1.8. Pacto por la gestión pública efectiva.

1.9. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades en los territorios.

1.10. Pacto por la protección y la promoción de nuestra cultura y por el desarrollo de la economía naranja.

1.11. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos.

1.12. Pacto por la inclusión de las personas con discapacidad.

1.13. Pacto por la equidad de las mujeres.

Esto muestra las necesidades que planea resolver el gobierno actual, mediante la adopción de políticas encaminadas a solucionar los problemas relacionados con el crecimiento de las economías ilegales y los grupos criminales, el acceso y la efectividad de la justicia, la corrupción, la informalidad laboral, el desestimulo de la actividad empresarial, la inseguridad y la inequidad en distintos grupos sociales vulnerables.

2. Pacto por la productividad y la equidad en las regiones: uno de los pactos transversales, es por la descentralización, buscando “Regiones empoderadas y zonas rurales conectadas para un desarrollo con equidad territorial”, buscando aprovechar las funcionalidades y características de cada región del país, y buscando solventar cada una de las necesidades particulares de estas. Para ello, se adoptaron pactos según cada región para dinamizar sus economías, fomentar el desarrollo social y la equidad de oportunidades, así:

2.1. Región Caribe: Por una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad: busca que los servicios públicos sean cubiertos y sean prestados con calidad y tengan cobertura, y solucionar los problemas de desnutrición y pobreza. Para tales efectos, se trazó como objetivo conectar la región con dobles calzadas y vías secundarias y terciarias y generar nuevas formas de transporte; ampliar la red de energía eléctrica usando energías no convencionales y construir acueductos y distritos de riego; superar la pobreza; fomenta las cadenas de productos agroindustriales; promocionar el turismo y aprovechar los ecosistemas costeros con iniciativas sostenibles que permitan su recuperación y mantenimiento.

2.2. Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional: su propósito es el impulso del desarrollo económico y el bienestar regional aprovechando la ubicación estratégica de la región como corredor logístico y centro de innovación, y sus ventajas agroindustriales. Para tales efectos, se conectará la región con el resto del país a través de sistemas de transporte intermodal y se implementarán soluciones de movilidad de conformidad con las dinámicas del país; articular la red de producción y distribución alimentaria en la región; desarrollar procesos productivos agropecuarios innovadores y competitivos; fomentar el turismo; implementar estrategias de protección de ríos y páramos y avanzar en la descontaminación del río Bogotá.

2.3. Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible: busca aprovechar la diversidad ambiental y cultural del Pacífico para construir un camino hacia el desarrollo productivo, social y sostenible de la región. Para esto, se fijó como objetivo aumentar la calidad y la cobertura de los servicios públicos, fomentar el desarrollo productivo integral, mejorar la gestión ambiental y el ordenamiento territorial y mejorar la estructura del transporte intermodal, portuaria y logística, mediante el mejoramiento de las conectividades entre los departamentos, el fortalecimiento de la infraestructura de transporte, el fomento de los programas de desarrollo rural, la promoción de la Marca Pacífico, el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos y la consolidación del ordenamiento territorial.

2.4. Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible: tiene como fin, conectar al Eje Cafetero y Antioquia para que sus productos sean comercializados a nivel nacional e internacional generando bienestar para toda su población, y promoviendo una competitividad sostenible y amigable con el ambiente. Para ello, el gobierno tiene como estrategia, mejorar la conectividad vial a través de diferentes medios de transporte; formalizar el sector minero y desarrollar la infraestructura básica, productiva y comercial; recuperar la cuenca del río Atrato; fortalecer y consolidar la plataforma logística regional y fortalecer los emprendimientos agroecológicos, ecoturísticos y culturales.

Así mismo, el PND plantea diversos asuntos tributarios y fiscales, a saber:

• Se crea una contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico a cargo de la persona natural o jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo favor se ordene el pago de valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para financiar el sector Justicia y la Rama Judicial, correspondiente al dos por ciento (2%) del valor de la condena, sin exceder de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
•  Para inversiones realizadas en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, se consagra un descuento del impuesto sobre la renta del 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión.
• Las obras audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, producidas o postproducidas en Colombia de manera total o parcial cuando sean previamente aprobadas por el Comité Promoción Fílmica Colombia, darán derecho a la solicitud de un Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia, descontable del impuesto de renta hasta por un valor equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que realicen en Colombia.
• Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán celebrar convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y manutención a deportistas talento o reserva deportiva, por las que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta.
• El arroz para consumo humano, excepto el arroz con cáscara o “Arroz Paddy” y el arroz para siembra, tendrá la naturaleza de exento para efectos del impuesto sobre las ventas.
• La Guajira, Norte de Santander y Arauca son consideradas Zona Económica y Social Especial “ZESE”, que tienen un régimen especial en materia tributaria, para atraer inversión nacional y extranjera y así contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de su población y la generación de empleo, el cual aplica a las sociedades comerciales que se constituyan en la ZESE, dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigor de la Ley que consagra el PND, y para sociedades comerciales ya constituidas que se acojan a este régimen y demuestren un aumento del 15% del empleo directo generado. El beneficiario deberá desarrollar toda su actividad económica en la ZESE y los productos que prepare o provea podrán ser vendidos y despachados en la misma o ser destinados a lugares del territorio nacional o al exterior. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los beneficiarios de la ZESE será del 0% durante los primeros cinco (5) años contados a partir de la constitución de la sociedad, y del 50% de la tarifa general para los siguientes cinco (5) años.
• Se consagran como bienes que no causan el impuesto sobre las ventas, el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción, las bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes y motocarros y sus partes que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento, y las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento.
• Se establecer un arancel de treinta y siete punto nueve por ciento (37.9%) a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto.

Finalmente, debe destacarse los asuntos que de conformidad con las estrategias y objetivos planteados en el PND del gobierno actual, deben reglamentarse y por lo tanto, implicarán reformas normativas y expedición de nuevas leyes y reglamentos:

1. Teniendo en cuenta la apuesta a la justicia como sector crítico que tiene impacto en el desarrollo económico, se espera una reforma a la justicia.
2. Se harán reformas en materia ambiental y de desarrollo sostenible para la operación de plantas de procesamiento móviles para la obtención de oro libre de mercurio y para el tratamiento de aguas residuales.
3. Los beneficios tributarios con respecto a las inversiones en proyectos de innovación como de investigación, las obras audiovisuales y los convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y manutención a deportistas talento o reserva deportiva, deberá ser reglamentado.
4. El Gobierno Nacional reglamentará las características y condiciones especiales que se requieran para la determinación de las contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, así como los asuntos relacionados con la declaración, administración, fiscalización, el cálculo, cobro, recaudo y aplicación del anticipo y demás aspectos relacionados con obligaciones formales y de procedimiento.
5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentará lo relativo a los saldos de recursos girados a entidades financieras que no se encuentren respaldando compromisos u obligaciones del Presupuesto General de la Nación y que deberán ser reintegrados a la entidad estatal respectiva.
6. Con el fin de combatir la corrupción, el Gobierno Nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios, y a través de un reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios, se hará obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.