La Superintendencia de Sociedades ha tomado acciones en contra de algunas compañías, iniciando investigaciones administrativas y formulando pliegos de cargos, con fundamento en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995. El motivo principal detrás de estas decisiones es el incumplimiento de disposiciones legales específicas, lo que ha llevado a la entidad a actuar en pro de garantizar el cumplimiento de las regulaciones en el ámbito empresarial.
Es importante resaltar que las más recientes investigaciones se basan en dos áreas clave: el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y el Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT), además de la obligación de la cabal implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Los incumplimientos de estas regulaciones podrían acarrear sanciones significativas, llegando incluso a multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, ha hecho hincapié en que estas acciones está en línea con la política de supervisión de la entidad y con las recomendaciones de las organizaciones y entes intergubernamentales. Así, la Superintendencia busca salvaguardar el cumplimiento de las directrices relacionadas con el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, con el fin de prevenir consecuencias adversas tanto para la economía del país como para las compañías, evitando riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio.
En general, estos programas implican el nombramiento de un oficial de cumplimiento, la implementación de matrices de riesgo, debidas diligencias periódicas, la aplicación de manuales y políticas y el reporte de operaciones sospechosas, los cuales deben ser adoptados y ejecutados por las sociedades obligadas en los plazos otorgados, con el fin de evitar este tipo de investigaciones de parte de la Superintendencia.
Así mismo, es necesario atender debidamente las visitas y solicitudes de información que se efectúen de parte de las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a la legislación vigente para evitar que las empresas en Colombia sean utilizadas para la comisión de conductas relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva, o bien para actos de corrupción o soborno.
De otro lado, es necesario atender rigurosamente las visitas administrativas y de las recomendaciones que se efectúen, y contar con la asesoría necesaria para que cada proceso, procedimiento y transacción se realice cumpliendo con todas las obligaciones legales y normativas.
En conclusión, la apertura de investigaciones y el inicio de procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Sociedades es una medida seria que busca asegurar el cumplimiento de las regulaciones y el sistema de autocontrol empresarial. La transparencia, el acatamiento de las normativas y el compromiso con el cumplimiento regulatorio son pilares fundamentales para el desarrollo empresarial sostenible y confiable.
Autor: Daniel Pardo Mateus, Angie Monroy.
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Fecha de publicación: julio 21 de 2023.
